El sector turístico, el principal pulmón de nuestra economía, ha declarado la guerra de forma abierta a los apartamentos turísticos alegales o directamente ilegales. El Foro de Turismo, reunido ayer tras el parón veraniego por primera vez en el Museo Carmen Thyssen, ha exigido llevar a la Fiscalía Provincial de Málaga a las plataformas que comercializan viviendas turísticas que no cumplan con el decreto aprobado en febrero de 2016 por el Gobierno andaluz, que obliga a los dueños de estos pisos a inscribirlos en un registro y a cumplir con una serie de estándares mínimos de calidad, así como a declarar los pisos al Fisco. Es decir, que las páginas que oferten pisos vacacionales de los que Hacienda no tenga conocimiento podrían enfrentarse a un procedimiento penal.

El Foro de Turismo agrupa a todos los colectivos que tienen algo que decir en la materia: el Área de Turismo del Ayuntamiento, el Aeropuerto, el Puerto, la Federación de Comercio de Málaga, Turismo y Planificación Costa del Sol, la Asociación Profesional de Informadores Turísticos, la Confederación de Empresarios, la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, la Asociación de Escuelas de Español, los hosteleros, la Asociación Centro Histórico, las asociaciones de agentes de viajes y alquiler de vehículos, el Palacio de Ferias y el Málaga Convention Bureau. Su posición es clara: hay que poner en marcha nuevas medidas que consigan equilibrar la oferta de viviendas de uso turístico a fin de preservar la calidad y competitividad de la marca.

Esta situación ha provocado una subida de los precios del alquiler que está perjudicando a muchos vecinos de la capital y, además, supone una grave competencia para los hoteleros, que sí hacen frente a los impuestos mientras que los dueños de apartamentos no declarados cobran en negro y no hacen frente a ningún tipo de presión fiscal.

El Foro de Turismo ha propuesto además que haya mayor transparencia, de forma que pueda conocerse con exactitud dónde se encuentran las viviendas de uso turístico y cuál es su situación legal. Por ello, el organismo pidió que el listado de apartamentos autorizados por la Junta de Andalucía pueda publicarse en la página web municipal o en aquellas asociaciones vinculadas al sector turístico.

Otra propuesta de las esbozadas ayer se refiere a que se habilite un número de teléfono al que todos los ciudadanos que tengan información sobre apartamentos turísticos en situación irregular puedan llamar para advertir de esta situación a las administraciones públicas, con el fin de que puedan actuar contra los propietarios.

Actualmente, según el último censo que maneja el Área de Turismo del Ayuntamiento, en la ciudad hay más de 11.000 plazas en pisos vacacionales, la mayor parte de las mismas ubicadas en las calles del Centro Histórico.

Estas medidas se enmarcan en el Plan Estratégico del Turismo 2016-2020, que aboga por fomentar la singularidad de Málaga como destino sostenible, competitivo y de excelencia; distribuir de forma equitativa y transversal los beneficios que genera la actividad y lograr una mayor sensibilización sobre los beneficios, favoreciendo la complicidad de la ciudadanía.

El edil de Turismo, Julio Andrade, defendió el modelo turístico de la capital de la Costa del Sol y destacó que es «innegable que el turismo es un sector que crea actividad económica y beneficia el consumo y es responsabilidad de todos saberlo aprovechar y corregir los aspectos negativos que pueda tener».

No en vano, el edil subrayó que «Málaga se ha propuesto seguir avanzando en la construcción de la ciudad como un destino potente sin dejar de ser sostenible». «Para ello, la ciudad pretende seguir trabajando en sus fortalezas y buscar nuevos modelos que permitan encontrar soluciones creativas y concertadas a las cuestiones de carácter social, económico, físico y ambiental que puedan afectar al sector turístico», aclaró el concejal.

Andrade ya avanzó en julio que su área, Urbanismo, el Observatorio del Medio Ambiente Urbano, los hoteleros y los empresarios de viviendas turísticas se estaban reuniendo para consensuar una ordenanza en relación a este problema y, entre las medidas que podrían concretarse en este documento, se encuentran la posibilidad de gravar estas casas a través de «una tasa o impuesto», lo que se haría mediante un recargo del IBI o según el consumo de basura.

Otra de las medidas que se están consensuando es el establecimiento de un número máximo de apartamentos turísticos en un determinado edificio o calle, con el fin de que se equilibre la cifra de viviendas vacacionales con la de casas privadas. «Antes de que nos duela la cabeza, tomaremos medidas. No nos asusta que haya viviendas turísticas de calidad», subrayó el concejal, quien se refirió así el pasado mes de julio a la potencial degradación del modelo turístico local que puede producirse si proliferan este tipo de domicilios que escapan a cualquier control administrativo.