La mayoría de los convenios urbanísticos fallidos que el Ayuntamiento de Málaga firmó en los últimos diez años, no solo han dejado solares que continúan vacíos o equipamientos previstos que no se han hecho, sino también han dejado en el aire más de un centenar de millones de euros pues casi todos ellos contenían el compromiso de pago por parte de la sociedad promotora de unas cantidades económicas a cambio de obtener mayores aprovechamientos urbanísticos.

El grupo municipal IU Málaga para la Gente, uno de los que con más virulencia ha criticado al equipo de gobierno por este "urbanismo a la carta fallido", ha cifrado hoy en unos 182 millones de euros el dinero que el Consistorio debería haber recaudado en estos años si esos convenios se hubiesen desarrollado tal y como estaban estipulados en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en 2011.

El resultado saldría de contar con los 70,3 millones pendientes del convenio de los suelos de Repsol, que ahora no saldrían de ningún promotor sino de la venta de esos suelos que el Ayuntamiento asumió cuando se frustró el convenio; otros 40,6 millones deberían de salir del desarrollo del convenio de La Térmica, que también vendrían por la venta de los suelos que le cedió Endesa; otro convenio importante, el de Sánchez Blanca en esa zona para el desarrollo de 3.443 viviendas que tiene pendiente el pago por los promotores de 28,7 millones más los intereses, que suman 43 millones; están pendientes también unos 7,1 millones del convenio de Hoyo de Esparteros y unos 8 millones del convenio de las torres de Martiricos, así como otras cantidades de menor entidad de otros acuerdos urbanísticos.

Se trata de dinero que el Ayuntamiento, según lo conveniado, debería haber ingresado y no lo ha hecho dado que varios de esos convenios han quedado frustrados.

"Esta situación es fruto de un urbanismo que se hizo con el único criterio de hacer caja, no de hacer ciudad", ha denunciado el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, que ha anunciado la presentación de una iniciativa para que el Ayuntamiento y la Gerencia de Urbanismo hagan público"toda la información" relativa al desarrollo de los convenios urbanísticos, "incluyendo lo relativo al cumplimiento de las obligaciones económicas", para eliminar la "opacidad y el ocultismo que el equipo de gobierno impuesto hasta ahora".