La Consejería de Fomento y Vivienda, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dedicadas a la vigilancia del transporte en carretera, ha realizado desde 2016 hasta el primer semestre de este año un total de 3.500 inspecciones en el sector del taxi y de alquileres de vehículos con conductor (VTC) para «velar por que su actividad se ajuste a la normativa existente y luchar contra el intrusismo».
De esa labor inspectora, que se enmarca en las campañas de vigilancia que realiza anualmente la Junta, se ha derivado la apertura de 400 expedientes sancionadores, lo que representa el uno por ciento de las acciones de control emprendidas, según ha informado la Consejería en un comunicado.
En el ámbito de los VTC, las tareas de vigilancia tienen como objetivo asegurar que el servicio se realiza en las condiciones establecidas, de forma que no capten clientes sin un contrato firmado y que los conductores llevan a bordo el contrato de arrendamiento o la hoja de ruta debidamente cumplimentada. Por su parte, en el sector del taxi, las inspecciones están encaminadas a perseguir la actividad de los taxis piratas que prestan servicios ilegales de transporte público de viajeros mediante vehículos sin autorización, así como velar por el cumplimiento del régimen tarifario o el inicio del servicio en el municipio de la licencia y, en general, el resto de aspectos contenidos en la normativa vigente.
Estas operaciones de inspección pueden conllevar multas económicas si la apertura de expediente culmina en sanción. Los importes económicos oscilan para ambas actividades del taxi y VTC entre los 100 euros, si las infracciones son leves; y los 4.001 euros, si son muy graves. Además, pueden conllevar la inmovilización de los vehículos por parte de la Guardia Civil hasta el abono de la sanción.
