El tema de las viviendas turísticas ilegales ha explotado en las manos de muchos alcaldes del país, de forma que los episodios de turismofobia se han multiplicado en las capitales que más visitantes reciben. Cada ciudad, cada autonomía regulan como pueden un asunto polémico. Málaga, como ya anunció el Consistorio hace un par de meses, prepara su propia ordenanza, pero aunque en un principio se apuntó la posibilidad de gravar con impuestos a los dueños de estos pisos, ahora se está estudiando una medida algo más restrictiva: aprobar una moratoria para las zonas más saturadas, es decir, en aquellos barrios con más apartamentos turísticos no se podrá abrir nuevos pisos vacacionales durante un determinado periodo de tiempo. En principio, esa moratoria se aplicaría al Centro Histórico, donde hay 11.000 plazas (que no pisos), lo que ya ha provocado quejas de vecinos y del sector hostelero.
En un principio, el edil de Turismo, Julio Andrade, avanzó que una de las medidas podría incidir en gravar a los dueños de estas viviendas en el recibo del IBI o de la basura, con el fin de acercarlos más a la realidad de los establecimientos hoteleros, los principales afectados por la proliferación de estas viviendas. También habló Andrade el pasado mes de junio de limitar el número de pisos turísticos por calles o zonas.
Es esta segunda vía la que parece ver con mejores ojos el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Preguntado por este periódico por la necesidad de gravar las viviendas turísticas, señaló: «El tema es más complejo. A lo mejor lo que hay que declarar es una zona saturada, limitada. Pero crecerán por otro lado». Luego, el regidor fue cuestionado sobre si esas palabras significaban la aprobación de una moratoria para viviendas turísticas en las zonas más saturadas y, si entre ellas estaba el Centro, la más afectada: «Puede ser una de las vías. En esta línea se viene estudiando el tema de San Sebastián. Tratamos de estar coordinados en la línea de lo que otras ciudades vienen haciendo, reflexionando».
El regidor se refirió así a que en la capital donostiarra el equipo de gobierno se ha propuesto reducir a la mitad la oferta de apartamentos turísticos, del 30 al 15%. Para ello, en una ordenanza que tardará aún nueve meses en entrar en vigor, se prevé declarar alguna zona de la ciudad saturada, por lo que en ella no podrá haber más pisos vacacionales.
No es la única capital que le ha puesto coto a estas casas, aunque las que se persiguen fundamentalmente son las ilegales o alegales. En Andalucía esto se traduce en los apartamentos que no se han inscrito en el registro autonómico, que homogeneiza una serie de requisitos básicos de calidad como seguridad, limpieza e higiene, entre otros. En julio pasado, el Ayuntamiento de Palma de Mallorca advirtió de que iba a decretar un año de moratoria en los distritos más masificados para que la oferta de este tipo de viviendas pudiera ser reordenada. El Gobierno balear también ha hecho lo mismo, aunque sólo por un año. En Barcelona, se ha amenazado con multas a las plataformas que ofertan pisos vacaciones ilegales y en Euskadi Podemos ha pedido que se prohíba la apertura de nuevas viviendas.
El alcalde dice que otra soluciones son contar con más hoteles y buscar un turismo de más calidad, tanto en mercados emergentes como maduros. «Ese turismo no va a ir a la vivienda, sino al hotel», dice.
