El sector turístico lo tiene claro y hace apenas una semana declaró la guerra abierta a los pisos vacacionales, de forma que llevará a la Fiscalía Provincial a las plataformas que comercializan viviendas turísticas que no cumplan con el decreto aprobado en febrero de 2016 por el Gobierno andaluz, que obliga a los dueños de estos pisos a inscribirlos en un registro y a cumplir una serie de estándares mínimos de calidad, así como a declarar los pisos al Fisco. Es decir, que las páginas que oferten pisos turísticos de los que Hacienda no tenga conocimiento podrían enfrentarse a un procedimiento penal.
El Foro de Turismo propuso además que haya mayor transparencia, de forma que pueda conocerse con exactitud dónde se encuentran las viviendas de uso turístico y cuál es su situación legal. Por ello, el organismo pidió que el listado de apartamentos autorizados por la Junta de Andalucía pueda publicarse en la página web municipal o en aquellas asociaciones vinculadas al sector.
Otra propuesta es que se habilite un número de teléfono al que todos los ciudadanos que tengan información sobre apartamentos turísticos en situación irregular puedan llamar para advertir de esta situación a las administraciones públicas, con el fin de que puedan actuar contra los propietarios.
Estas medidas se enmarcan en el Plan Estratégico del Turismo 2016-2020, que aboga por fomentar la singularidad de Málaga como destino sostenible, competitivo y de excelencia; distribuir de forma equitativa y transversal los beneficios que genera la actividad y lograr una mayor sensibilización sobre los beneficios, favoreciendo la complicidad de la ciudadanía.
El edil de Turismo del Ayuntamiento, Julio Andrade, ya advirtió de que es deber del sector y las administraciones corregir «los aspectos negativos» que el turismo pueda tener.
