Tener una vivienda propia es un sueño tan viejo como el hombre y, por cierto, un derecho recogido en la Constitución española que se ha visto sacudido en los últimos años por una crisis de proporciones hercúleas que paró en seco las promociones de vivienda libre y de Protección Oficial (VPO). Según fuentes municipales, la lista de espera de malagueños que buscan acceder a una VPO es de en torno a 20.000 personas, lo que supone un incremento importante en relación a septiembre de 2015, cuando en ese mismo listado había más de 15.000 peticionarios.

Lo cierto es que la crisis económica frenó en seco la construcción de VPO en la ciudad, limitándola a culminar algunas promociones e impulsar otras. El Ayuntamiento considera imprescindible que fluyan las subvenciones que recibe la Junta de Andalucía hacia los promotores, es decir, los consistorios y la Sociedad Municipal de Vivienda, con el fin de no tener que cargar las administraciones locales con el esfuerzo financiero que supone promover en tiempos aún inciertos, en medio de una recuperación incipiente que aún no permite grandes alharacas. No en vano, el regidor malagueño, Francisco de la Torre, ha vinculado en varias ocasiones la enorme deuda del Consistorio que preside a la ejecución de VPO, dado los enormes créditos que hay que solicitar de las entidades financieras y ha exigido ya, en muchas ocasiones, más apoyo de la Junta de Andalucía en la materia. Tampoco tienen suerte las empresas privadas que tratan de promover VPO debido a que los bancos no están por la labor de conceder estos créditos.

La mayor parte de los demandantes quieren viviendas de protección en régimen de alquiler con derecho a compra, dado que son más económicas, y luego son las que sólo plantean el alquiler las más solicitadas por los malagueños.

Desde 2003, se ha construido en Málaga por iniciativa municipal casi 5.000 viviendas (4.762), 2.158 de ellas en régimen de venta y 1.921 en régimen de alquiler, lo que supone un total de 78 promociones en diversos puntos de la ciudad. Por ejemplo, se culminó el barrio de Soliva, compuesto en exclusiva por viviendas de esta naturaleza y se están haciendo nuevas en la Trinidad o en la zona de la Virreina, uno de los barrios en los que se han levantado más viviendas de este tipo.

De cualquier forma, el Consistorio malagueño ya informó en marzo de este año de que su intención era retomar e impulsar la construcción de VPO tras unos años con extremas dificultades para iniciar nuevas promociones. De hecho, estas quedaron reducidas al mínimo.

En 2017, la Sociedad Municipal de la Vivienda anunció que iba a iniciar la construcción de 476 VPO y también que iba a culminar otras 39. De todas ellas, la promoción de viviendas más importante se realizará en la universidad, con la construcción de 216 casas. Se trata de tres promociones de 84, 62 y 70 viviendas protegidas para alquiler, con el fin de calmar la mayor demanda ciudadana de esta fórmula.

Estas 216 viviendas forman parte de una promoción total de 1.000 viviendas planeadas desde hace una década en los suelos ya urbanizados al oeste de la ampliación del campus de Teatinos. La urbanización de los suelos se acabó en 2013, pero el proyecto no acaba de arrancar. El pasado marzo, el Consistorio obtuvo los créditos necesarios para iniciar la construcción de estas tres primeras promociones de 216 VPO.

Ya hace más de seis meses, el Consistorio pidió la ayuda de la Junta para acometer las obras, dado que necesita el soporte autonómico para ampliar la financiación. El Ayuntamiento podría hacerlo con sus propios medios financieros, pero al tratarse de viviendas de alquiler baratas, 150 euros, necesita que la Junta le eche una mano para que la carga hipotecaria no repercuta sobre el inquilino. El inicio de estas promociones supondrá una inversión de 1,2 millones de euros, no en vano los responsables municipales esperan que este 2017 sea el ejercicio de despegue en la ejecución de proyectos de VPO en la ciudad.

También hay prevista otra promoción importante de 104 viviendas, en esta ocasión para venta, en la zona de Lagunillas, aunque ahí se sigue pendiente de solventar el convenio de las polémicas tecnocasas.