A mediados de 2015, una investigación de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social detectó la presencia de 14 trabajadores en el Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU), dependiente del Ayuntamiento de Málaga, que trabajaban por cuenta ajena pero sin contrato o con contrato mercantil, considerados como falsos autónomos.
La Tesorería de la Seguridad Social levantó el acta de infracción pertinente determinando que el Ayuntamiento no había devengado las cuotas a la Seguridad Social de los 14 trabajadores. La Seguridad Social exigió entonces la liquidación de esas cuotas cifrando el descubierto no pagado en 301.148 euros.
A partir de ahí el Ayuntamiento puso en marcha todo su aparato legal para presentar los recursos administrativos contra la resolución provisional de la Seguridad Social.
Recurso
Uno tras otro, la Tesorería de la Seguridad Social ha desestimado los recursos presentados por el Ayuntamiento y ha mantenido la exigencia de la liquidación de las cuotas.
Finalmente, tras apurar sin éxito la vía administrativa, el Ayuntamiento ha decidido continuar la defensa de su posición contraria al pago de dichas cuotas y ayer la junta de gobierno local aprobó continuar por la vía judicial y presentar un recurso contencioso administrativo frente a una resolución del subdirector general de procedimientos ejecutivos y especiales de recaudación de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
En su justificación, el equipo de gobierno considera que «dicha resolución es lesiva para los intereses municipales, por lo que se considera necesario, en defensa de los intereses de esta Administración, promover este recurso».
Paralelamente y durante este tiempo, el caso de estos 14 falsos autónomos del OMAU ha seguido también su itinerario por la vía laboral y política.
De manera colectiva y también individual, los afectados presentaron demandas contra sus despidos. En lo colectivo, primero un juzgado de lo Social de Málaga y posteriormente la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han fallado a favor de los trabajadores considerando que deben contar con contrato de trabajo emitido por el Ayuntamiento. El asunto está ahora a en manos del Tribunal Supremo, al que el Consistorio recurrió.
A nivel individual, se han firmado ya varias sentencias que en todos los casos reconocen a los trabajadores como empleados por cuenta ajena y consideran sus despidos improcedentes, por lo que condenan al Ayuntamiento a su readmisión o a indemnización.
El Consistorio se enfrenta también a otros casos de falsos autónomos que en su mayoría se han detectado en las áreas de Comercio y de Medio Ambiente.
