La Mesa del Congreso de los Diputados acordó ayer «autorizar la consulta de la documentación secreta» de las actas de la comisión de investigación que investigó la muerte de Manuel José García Caparrós, ocurrida durante la manifestación por la autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977 en Málaga, aunque ha procedido a la autorización «previa disociación de los datos de carácter personal» que aparezcan en las mismas.

Sin embargo, la Cámara Baja solo ha concedido la autorización de acceso a dichas actas a la diputada malagueña de Izquierda Unida en el grupo de Unidos Podemos, Eva García Sempere, siempre y cuando consista en la «exhibición de una copia de la documentación» y no se pueda hacer una copia de la misma. Así lo expone el escrito de la mesa facilitado por IU que detalla también que esto se concede a santo de una petición de Unidos Podemos y del propio Gobierno andaluz.

Sampere explicó que el hecho de que se pueda tener acceso a dichas actas que eran secretas es un paso «claramente positivo» porque «llega después de 40 años y mucha pelea en el Congreso». «Servirá para que la familia pueda tener más información y se arroje algo más de luz», ha dicho, al tiempo que ha destacado que la autorización tiene una «parte más negativa».

Según argumentó la diputada, las actas «no ser harán públicas» y solamente podrán ser consultadas por ella, algo que, según dijo «no es de recibo después de 40 años y significa que no habrá justicia y reparación»: «Tendremos una parte de la verdad, pero no toda y no será suficiente para alcanzar justicia y reparación que nos parece que deber se el objetivo».

Con todo, Sampere concretó que acudirá a consultar las actas e intentará «trasladar toda la información posible, especialmente a la familia» y desde su grupo se «seguirá peleando» para que «las actas sean públicas y accesibles».