Unos 51.000 escolares malagueños comen este curso a diario en sus colegios. Son datos de la Delegación Territorial de Educación, correspondientes a los comedores escolares de centros públicos. En total, este curso funcionan 331 en toda la provincia, que servirán más de seis millones de menús durante todo el año académico. La Junta, desde el 2009, mantiene un precio fijo de 4,50 euros. Sin embargo, comer en los colegios concertados puede llegar a costar casi el doble, lo que provoca las quejas de muchos padres que ven inflado el valor de un mismo menú servido por una misma empresa de catering.

La diferencia parece radicar exclusivamente en el recinto. Comer en un cole público cuesta esos 4,50 euros al día, mientras que en cualquier concertado de la capital puede llegar a valer entre 6,50 y 8,50 euros los días sueltos. Solo hay que hacer un recorrido por algunas páginas webs de estos centros, donde se informa de los distintos servicios complementarios que ofrecen.

¿Por qué esta diferencia?, se preguntan muchas familias. Pilar Triguero, portavoz de la FDAPA (federación de asociaciones de padres) lo tiene claro. «Un colegio concertado es un negocio y como la enseñanza es gratuita, saca beneficio económico de los servicios complementarios que ofrece. Ya sea del menú o de cualquier actividad extraescolar», expone.

«Si lo pueden servir en un colegio público por ese precio, también podrían hacerlo en uno concertado», insiste Triguero, si bien reconoce que en los centros públicos son los servicios centrales del ISE, dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, los que se encargan de hacer «pujas por lotes».

Es decir, que se trata de una cuestión puramente de mercado. Es la explicación que da la delegada de Educación, Patricia Alba. La consejería accede a estos menús en condiciones económicas más ventajosas porque contrata más cantidad. Y ahí la Administración educativa poco puede hacer, según dice.

«La Administración no puede intervenir nada más que en el control de las cuentas públicas», reconoce Pilar Triguero. Sí lo ha hecho en contra de la petición de los concertados para comprar material escolar. Padres de la concertada hace años denunciaron que tenían que seguir haciendo frente a la compra de material escolar complementario para sus hijos, que les exigían en sus centros, a pesar de que la Junta de Andalucía había dictado una norma en la que pedía que no se recomendara la adquisición de ningún tipo de libros, sobre todo cuadernillos, que excedían lo necesario para el currículum.

A Marcos Ruiz Valle, pedagogo y director del colegio Prácticas número 1, tampoco le parece normal esta diferencia en los precios. Desde su punto de vista, «las empresas alquilan el espacio a los centros privados en torno a un euro o dos más por niño, dinero que se queda el centro», sostiene. «Y en un mes cada colegio puede servir unos 2.500 menús», añade.

Pilar Triguero informa de que cada año la federación de AMPAS recibe «montones de quejas de los padres». «¿Pero qué pueden hacer? Son familias que han apostado por escolarizar allí a sus hijos y que lo han conseguido a pesar de la demanda. Se resignan y pagan lo que les piden. Tanto en comedor como en seguros escolares obligatorios o revisiones del gabinete psicológico o cuotas obligatorias del AMPA, a pesar de que se trata de una enseñanza sostenida con fondos públicos», agrega Triguero, que no pretende cargar las tintas sobre la concertada. «Hay muchas excepciones y muy buenos centros concertados que creen en el espíritu público, como las cooperativas y algunos de la Iglesia también», destaca.

Educación, por su parte, excluye del sistema de bonificaciones del comedor escolar a los alumnos escolarizados en centros concertados, aunque sus familias pudieran necesitar esas ayudas. Según los datos disponibles del pasado curso, el 75,5% de los usuarios gozó de alguna subvención sobre el importe del servicio, bonificación que ascendió al 100% en más del 47 % del total, esto es, para unos 24.100 escolares, que pudieron comer totalmente gratis en sus centros educativos.

Están exentas de pago del comedor las familias con mayores dificultades económicas, además del alumnado que tiene que salir fuera de su localidad de residencia para asistir a su centro docente, así como aquellos que, por motivos familiares, se encuentren en situación de dificultad social extrema.