El Ayuntamiento de Málaga ha elaborado un proyecto de ordenanza de Vía Pública, que en uno de los temas claves y más polémicos, como es el espacio público que se concede a las terrazas de los bares, es más permisiva que la ordenanza vigente ya que otorga más espacio a dichas terrazas en detrimento del destinado a los ciudadanos.
El proyecto de ordenanza, que ayer cumplió su primer trámite al ser aprobado por la junta de gobierno local, aunque limita el espacio de ocupación de las terrazas al 75% de las dimensiones del comercio, recorta el espacio peatonal de disfrute de los ciudadanos.
Así, mientras en la ordenanza actualmente vigente se fija que la acera donde se instale una terraza deberá tener una anchura «superior» a 3 metros «libres al tráfico de peatones», en el proyecto de nueva ordenanza se establece que para poder autorizar la ocupación con mesas y sillas deberá existir en la acera «un paso peatonal libre no inferior a 2 metros».
También se pretende recortar el espacio libre que debe existir entre una terraza y un inmueble, que actualmente se fija en 1,50 metros y la nueva ordenanza recorta a 1 metro. Esta distancia de un metro es la que deberá mantener también respecto a un paso de peatones, un rebaje para minusválidos o una parada de autobús.
Cierre inmediato
Más aún, la nueva ordenanza, en caso de aprobarse tal cual, consagra definitivamente que las terrazas puedan constituirse como espacios reservados mediante la instalación de toldos y lonetas laterales, salvo en el Centro Histórico. Se trata de una disposición nueva que no está contemplada en la ordenanza actual. La que se pretende aprobar señala que «los toldos podrán disponer de hasta tres toldetas laterales», preferentemente transparentes, que podrán anclarse en las aceras.
Por lo demás la nueva ordenanza contempla otras novedades importantes respecto a la actual. Así, prevé el cierre «inmediato» por la Policía Local de la terraza de un bar por exceso de ocupación o por carecer de licencia para ello.
El proyecto de ordenanza ha tenido una larguísima tramitación hasta alcanzar un acuerdo de mínimos de todos los sectores afectados: empresarios de hostelería, vecinos, comerciantes y el propio Ayuntamiento. La potestad que se da a la Policía Local para actuar de manera inmediata contra los establecimientos que se excedan en la ocupación de terrazas trata de superar la incapacidad que ha tenido la actual ordenanza para ser aplicada, de ahí que las medidas que se proponen «serán inmediatamente ejecutivas».
El proyecto, presentado ayer por la concejala de Comercio, María del Mar Martín Rojo, prevé que la ocupación de las terrazas por mesas y sillas no podrá exceder del 50% de la superficie peatonal; además, el tamaño de las terrazas no será superior al 75% del local comercial de la que forma parte.
La diferencia con la ordenanza actual es la potestad que se concede a la Policía Local para retirar de manera «inmediata» una terraza o los elementos de mobiliario colocados en zona no autorizada. La propia Policía podrá suspender «siempre cautelarmente» la autorización de la terraza por un periodo de entre 10 a 30 días, decisiones que luego deberá respaldar o no el Ayuntamiento.
Sanciones
La nueva ordenanza prohibirá los toldos rígidos para las terrazas del Centro Histórico, que deberán ser plegables. Exige que en las calles peatonales o de preferencia peatonal se mantenga un espacio libre de 3 ó 4 metros para el acceso y paso de vehículos de emergencia.
La ordenanza no tiene afán recaudatorio, según aseguró la concejala Martín Rojo, «sino ejemplarizante», de ahí las medidas de clausurar las terrazas; aun así están previstas sanciones por faltas leves (de hasta 750 euros), graves hasta 1.500 euros y muy graves (hasta 3.000 euros).
El proyecto, tras obtener ayer el visto bueno de la junta de gobierno local, deberá ahora ser aprobado por el pleno y a partir de ahí se abrirá un periodo de alegaciones públicas. Una vez resueltas, la ordenanza entrará en vigor, con la previsión de que sea a primeros de 2018.
Una vez aprobada definitivamente, los hosteleros tendrán seis meses para adaptar sus establecimientos a las exigencias de la norma, plazo que será de un año para la adaptación de los toldos.
En todo caso, en la redacción del texto han participado los principales colectivos ciudadanos y empresariales, como la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM); los empresarios de hostelerías agrupados en Mahos; las asociaciones de vecinos El Romeral, Centro Antiguo y Centro Histórico así como la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible.
