La nueva convocatoria del Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación impulsado por la Junta de Andalucía, cuyas bases fueron publicadas hace unos días en el BOJA, permitirá la generación de más 3.700 contrataciones en los próximos nueve meses en la provincia de Málaga. El programa ha destinado a la provincia de Málaga 6,6 millones de euros en fondos, que serán repartidos entre los ayuntamientos en función de su número de desempleados para poder realizar estas contrataciones a personas desempleadas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. Málaga capital será el municipio que más recursos perciba (2,1 millones) y podrá suscribir más de 800 contrataciones con esos fondos, según los datos presentados este miércoles por el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, y la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Ana Isabel González.

Los representantes de la Junta han explicado que todos los municipios de Málaga, a excepción de Igualeja, se han adscrito al plan y han añadido que el pago a los ayuntamientos se efectuará el mes que viene para que, a partir de ese momento, los ayuntamientos empiecen a realizar las contrataciones. Los contratos tendrán que ser de un mínimo de 15 días y un máximo de tres meses. Tras Málaga capital se sitúan en cuantía Marbella (390.000 euros), Mijas (236.000), Benalmádena (202.000), Fuengirola (214.000), Torremolinos (209.000), Antequera (155.000), Ronda (142.000) y Rincón de la Victoria (141.000).

El Programa de Ayuda a la Contratación recoge ayudas extraordinarias a las corporaciones locales para la contratación de personas desempleadas y en riesgo de exclusión social, por un periodo de entre 15 días y tres meses, para el desarrollo de actividades de interés para la comunidad. Se trata de un programa que a nivel regional está dotado con 40 millones de euros y que persigue combatir las situaciones de exclusión social que, con motivo de la crisis económica, se están dando en muchos hogares.

Con esta motivación, en la adjudicación de los contratos se dará prioridad a las unidades familiares con todos sus miembros en paro, las familias numerosas de las que formen parte menores de edad, las personas con discapacidad o en situación de dependencia y a las familias monoparentales y víctimas de violencia de género con hijos a cargo.