La idea surgió de la inquietud social que bulle entre los trabajadores sociales de los grandes municipios españoles. Era una idea entre otras que han surgido en los últimos años para mantener en un círculo social aceptable a las miles de familias que la crisis económica empujaba y expulsaba al infierno del desamparo. En muchos ayuntamientos, pese al esfuerzo realizado, la idea ha fracasado o no ha tenido el grado de aceptación social deseada. En Málaga, por contra, está teniendo resultados óptimos, cuando va ya por su cuarto año.

Se trata del Plan FRES (Familias en Riesgo de Exclusión Social), y consiste en destinar dinero público para comprar viviendas sociales que serán ofrecidas por un alquiler módico a familias que se encuentran en la calle y sin posibilidades de encontrar un lugar digno donde vivir.Más de tres millones

No se trata de caridad. Se usa dinero público para financiar planes sociales necesarios. Hay rigor y control en el gasto del dinero y todo un trabajo técnico y solvente para destinar esas viviendas a quienes realmente la necesita,

Vayamos con los datos. El Ayuntamiento de Málaga inició el plan FRES en 2014. Lleva tres planes ya consumados y el cuarto está en marcha. En estos cuatro años el Ayuntamiento ha gastado algo más de 3 millones de euros (3.080.000) en la adquisición de 47 viviendas, ofrecidas a su vez en alquiler a otras tantas 47 familias. La media gastada por el Ayuntamiento es de unos 65.000 euros por vivienda.

En concreto se destinaron 500.000 euros en el año 2014, con los que se adquirieron 12 viviendas; 1.080.000 euros en 2015, para 20 viviendas y 750.000 euros del ejercicio 2016 con los que se compraron 15 viviendas más.

El éxito del plan ha estado especialmente en la respuesta de los propietarios de viviendas. En ninguna de las tres convocatorias ya cerradas el Instituto Municipal de la Vivienda, que gestiona el plan, ha tenido problemas ya que siempre ha contado con más ofertas de compra de las que ha podido adquirir. «No es que estuviéramos desbordados por el número de ofertas, pero siempre hemos tenido de sobra para decidir», señalaba un responsable del IMV. Los pisos asignados hasta ahora están repartidos por casi todos los distritos de la ciudad, especialmente entre el Centro, Bailén-Miraflores y Palma-Palmilla.

Los requisitos que exige el IMV es que sean inmuebles que deberán tener un mínimo de dos dormitorios, cocina, baño y salón, así como ser accesibles. Tanto las viviendas como las zonas comunes del edificio tendrán que estar en buen estado de conservación, habitabilidad y accesibilidad. Podrán ser de segunda mano o de nueva construcción y la antigüedad del edificio no podrá ser superior a 50 años. Además, cada una de ellas no podrá superar los 60.000 euros de coste.

Una vez adquiridos los inmuebles por parte de la administración municipal, se destinan al Plan FRES, que posibilita que familias en riesgo de exclusión social accedan a una casa. En concreto, se ofrecen en régimen de alquiler social, con una mensualidad entre 100 y 150 euros.

En el origen del problema de la falta de acceso a una vivienda de estas familias se encuentran casos de aquellas procedentes de desahucios hipotecarios o desahucios por impago de alquiler; o que han estado viviendo de alquiler pero han tenido que dejar la casa por no poder pagar la renta, y en su mayoría han acudido a casas familiares donde habitan en situación de hacinamiento; personas mayores de 65 años que no tienen red familiar de apoyo y que con sus pensiones (la mayoría no contributivas) no pueden afrontar un alquiler; y familias con miembros con discapacidad de diversa índole o víctimas de violencia de género (mayoritariamente porque no pueden pagar el alquiler).

Ahora está en marcha el cuatro plan. Ya se ha aprobado y destinado una primera una primera anualidad del plan de 367.472,83 euro que se prevé completar con el presupuesto de 2018 hasta alcanzar los 750.000 euros. De esta forma, el Ayuntamiento podrá adquirir nuevos inmuebles para destinarlos a sus programas de alojamientos transitorios de emergencia sociales.