Por un solo voto a favor, pero suficiente, el pleno aprobó que la gestión del edificio de la calle Nosquera, administrado en la actualidad por el colectivo de La Casa Invisible, salga a concurso público para acabar así con el «limbo legal» que mantiene, según señalaba Ciudadanos, autor de la propuesta. En todo caso, con una mayoría de votos más amplia salió adelante mantener el uso cultural para el edificio.
Los que quieran aspirar a gestionar este espacio cultural deben demostrar solvencia para poder hacer frente a las obligaciones fiscales y legales y contribuir en la rehabilitación del edificio,
El viceportavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Alejandro Carballo, recordó la historia del inmueble, incidiendo en el coste de los «3,8 millones de euros», «la ocupación ilegal» y haciendo hincapié en la escenificación de Ayuntamiento, Junta y Diputación de la firma del convenio de cesión el inmueble. «No es de recibo que se siga en el limbo jurídico», ha dicho.
«No queremos trato de favor a ningún colectivo que parta de una ocupación de un inmueble que es de todos los malagueños», añadió, insistiendo en que «apostamos por la legalidad».
Por su parte, la concejala de Cultura, Gemma del Corral, apostó por «regularizar la situación a través del concurso público». Se quejó de la dificultad de llevar a cabo una concesión demanial definitiva cuando se parte de «una ocupación ilegal», reconociendo, no obstante, el trabajo llevado a cabo.
La oposición vino de los grupos de izquierda, especialmente, Málaga Ahora y del concejal no adscrito. Ysabel Torralbo, de Málaga Ahora, defendió la adjudicación directa a los actuales gestores, algo que «contempla la ley». «Lo que más quieren los habitantes de la invisible es que se regularice el espacio», dijo segurando que la moción «quiere crear un problema en esta ciudad».
Por su parte, el concejal no adscrito, Juan José Espinosa, le pidió al alcalde, Francisco de la Torre, que «cumpla con los acuerdos y regularicemos la situación conforme lo acordado»; lamentando que con esta iniciativa se quiere «privatizar» la situación, concluyó.
