El edil de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento, Raúl Jiménez, afirmó ayer que no se sabe aún qué institución debe correr con los gastos de la descontaminación de los terrenos de Repsol. «Es complicado jurídicamente», señaló. Por eso, avanzó, habrá que ver «cómo arbitrar quién los asumirá».

«La ley dice que la descontaminación la paga el propietario y el que contaminó. En circunstancias normales, sería Repsol la que lo paga porque contaminó. Pero ya hizo una descontaminación en 2002 con el certificado de la Junta de Andalucía. Ahora, la ley ha cambiado, es más restrictiva y es posible que, a la vista del nuevo informe de la Sareb, haya que descontaminar», explicó Jiménez, quien añadió: «Ahora, habría que decir a Repsol, 'ojo, contaminaste tú'. Y ellos dirán: 'Yo hice lo que tenía que haber hecho en 2002». «Estamos en un limbo jurídico y no sabemos quién tiene que hacerlo, porque luego la ley cambió. ¿Se puede aplicar retroactivamente?».

Jiménez insistió en que habrá que ver «cómo arbitrar quién asumirá los costes de la descontaminación: si el que contaminó... además de ser una administración, somos propietarios de una parte; como promotores, la Sareb y el Ayuntamiento igual tenemos que pagarlo. O entre los tres, cada uno una parte, o solo dos, o solo uno».

Málaga Ahora denunció este lunes que los terrenos, según el último informe de la Sareb, «el banco malo», están altamente contaminados, lo que coincide con los resultados de los análisis encargados por el grupo municipal que lidera Ysabel Torralbo. Los resultados de estos eran tajantes: «Tras 35 años de actividad de almacenaje de hidrocarburos, los terrenos presentaban índices de contaminación muy por encima de los legalmente permitidos en la actualidad para llevar a cabo cualquier tipo de construcción». Esta formación insiste en una consulta popular y que el bosque urbano está cada vez más cerca.

El coste de descontaminar esos suelos es, según la Sareb, de en torno a dos millones de euros. Jiménez señaló que lo importante es que, aunque sea suelo contaminado, «no exista riesgo para la salud», y que en 2002 la Junta de Andalucía declaró esos terrenos aptos para el uso residencial previsto (varias torres de oficinas y un centro comercial, así como apartamentos). «Lleva 18 años sin actividad. Si estuviera contaminado, habrá que descontaminarlo», dijo, por lo que se «hará el proceso administrativo correspondiente».

Abogó por seguir el procedimiento y «superponer» todas las analíticas efectuadas, incluida, una que, «por prudencia» se debería hacer como administración, para «valorar cómo exactamente ha sido la evolución de la contaminación del suelo» y «por qué no, ver la responsabilidad de la contaminación para asumir posteriormente esos costes» de descontaminación.

El edil explicó, asimismo, que «la contaminación suele descender y no aumentar, y ahora debería estar menos contaminado que en 2002», especificó pero «queda mucho que hacer». Explicó que existe una analítica que se hizo antes de la descontaminación de 2002; otra que se hizo cuando se descontaminó en esa fecha; otra posterior con las obras de ADIF en relación con el soterramiento, cuando se llevó a cabo otra descontaminación; y la de ahora, junto con «otra más, que, por prudencia, entiendo como administración, en este caso, deberíamos hacer si fuera necesario», para, continuó, «superponerlas todas y valorar». El concejal, tras ser preguntado en rueda de prensa, afirmó que el pasado viernes recibió el Área de Medio Ambiente el informe de las catas que se han llevado a cabo en los antiguos terrenos de Repsol, aunque aún no ha hecho públicos los resultados.