A la situación de incertidumbre que vive Limasa sobre cuál será su modelo de gestión en los próximos años se suma el desarrollo del contencioso judicial que empresa y trabajadores mantienen a cuenta de la aplicación total o parcial del convenio colectivo de 2010/12. Ayer estaba previsto dilucidar en el juzgado de lo Social número 12 el recurso presentado por la empresa para conocer como debía aplicarse el convenio. Pero no hubo tal. La secretaria del juzgado anunció la paralización del procedimiento judicial alegando litis pendencia, es decir que el mismo caso está siendo tratado por un órgano superior y, en consecuencia, se hace necesario esperar a que se pronuncie antes dicho órgano, el Tribunal Supremo. Éste debe de pronunciarse sobre un recurso de casación presentado por la empresa contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, (TSJA) que, a una demanda del Sindicato de Trabajadores de la Administración Local (STAL), dictaminó que el único convenio vigente es el de 2010 y que debe aplicarse en su totalidad.
