La Inspección de Trabajo viene realizando desde hace años una campaña especial de control en el sector de la hostelería en la provincia de Málaga para combatir la economía sumergida. En este 2017, y cerrada ya la temporada alta turística, el balance hasta el mes de octubre arroja más de 1.600 visitas de inspección y casi 4.300 actuaciones que se han saldado con, entre otras incidencias, la regularización de 944 trabajadores que estaban en situación irregular en sus empresas, ya sea por no tener contrato de trabajo o porque echaban un 50% más de horas de las que estipulaba su jornada laboral.
Las cifras de empleo en negro aflorado en este 2017 son, a pesar de que el número de visitas ha subido ligeramente, un 20% inferiores a las que Trabajo tiene computadas para el mismo periodo del pasado año pero el propio jefe de la Inspección en Málaga, Alfonso Conejo, reconoce a este periódico que la incidencia de la economía sumergida sigue siendo alta y que es tarea de su departamento «seguir afinando» en los controles para destapar todo el fraude que pueda existir. «Sabemos que lo que sacamos es sólo una pequeña parte de la realidad. Tenemos que seguir incidiendo en una labor de búsqueda de los nichos de fraude laboral, insistiendo en las visitas sorpresa a los negocios, durante los fines de semana y en horario nocturno», explica.
Los casos de empleados con contrato a tiempo parcial que trabajan muchas más horas de las que les corresponde son los más frecuentes detectados por los inspectores en sus visitas a bares, restaurantes, chiringuitos o discotecas de la provincia. Por zonas, la capital y toda la franja de la Costa del Sol centran las labores de control, por concentrar a la mayor parte de los municipios con más población de la provincia y, en consonancia, a la mayoría de negocios y trabajadores del sector hostelero.
El balance de la Inspección revela que los controles de este departamento han permitido levantar entre enero y octubre de 2017 más de 524 actas de infracciones en diferentes empresas y unas propuestas de sanción que suman algo más de tres millones de euros (en este caso una cifra algo superior a la del pasado año).
La campaña de control en la hostelería ha posibilitado además una recaudación inducida de otros 277.000 euros para la Seguridad Social, correspondientes a bases de cotización no satisfechas, diferencias relativas a la incorrecta aplicación del convenio colectivo de hostelería por parte de las empresas (al no pagar a sus trabajadores con arreglo a las tablas salariales vigentes) o prestaciones de desempleo recuperadas para las arcas del Estado. Se da la circunstancia, por ejemplo, de 60 casos en los que un trabajador que estaba sin contrato en una empresa se encontraba además cobrando la prestación por desempleo, según los datos de la Inspección.
Calendario de visitas
Conejo recuerda que la labor de control se desarrolla a lo largo de todo el año, pero afirma que en el ámbito de la hostelería se suele aumentar el número de visitas desde mayo hasta finales de octubre, en paralelo con el desarrollo de la temporada turística. Los inspectores se presentan en los negocios por sorpresa y piden a los empresarios y encargados del local los horarios de trabajo y los cuadrantes de los empleados.
En el caso de los trabajadores sin contrato, la sanción mínima a la que se enfrentan las empresas infractoras es de 3.126 euros por cada persona en esta situación irregular, con recargos que comienzan en el 20% a medida que sube el número de afectados. Y si además estas personas cobraban la prestación por desempleo, la empresa que los cobija se enfrenta a una sanción de carácter muy grave y una multa añadida de otros 10.000 euros por individuo (también con recargos). Según la normativa, en estos casos no hay sanción para el trabajador por cobrar el paro indebidamente aunque sí se le corta automáticamente el derecho a la prestación que estaba recibiendo. Además, la Seguridad Social apunta lo que esa persona ha cobrado de forma indebida como deuda a recuperar en un futuro, descontándolo de futuras prestaciones.
En cuanto a las infracciones por fraude en el uso de la jornada a tiempo parcial, la multa para la empresa es de un mínimo de 626 euros, aunque luego se pueden aplicar agravantes. Además, se obliga a estos negocios a hacer al trabajador un contrato acorde al desempeño real.
Los sindicatos CCOO y UGT valoran la labor de la Inspección, pero creen que sus controles apenas logran destapar «la punta del iceberg» de unas prácticas fraudulentas que consideran muy extendidas en buena parte del sector. Las centrales recuerdan que los negocios recurren mucho (sobre todo en verano) a la figura del «extra», en referencia a trabajadores que cubren puntualmente un servicio (por ejemplo, una boda). Muchos trabajan sin contrato y el empresario les paga en mano al final de la jornada entre 40 y 50 euros, según ha relatado en varias ocasiones CCOO.
