Yanira y su pareja, José, tienen gran parte de sus pertenencias ya metidas en cajas porque saben que en cualquier momento tendrán que abandonar la que ha sido su casa en los últimos tres años y medio, tras ser denunciados por haberla okupado. A pesar de poder optar a la ayuda del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) que les pagaría un inmueble durante un año, se enfrentan a un nuevo problema: no hay casas por el precio máximo que concede el IMV y en cuestión de días se quedarán sin saber a dónde ir.
La joven de 24 años ha comenzado a trabajar hace tan solo una semana como dependienta y su sueldo es lo único que entra en casa ahora mismo. «Yo cobro 600 euros; no puedo poner ahora mismo dinero de más para poder alquilar una vivienda», explica. Una situación que les hace tener que ajustarse a los 450 euros de ayuda que ofrece el IMV durante un año y que hace imposible alquilar una casa. La vivienda vacacional y la subida de precios dificultan que esta familia con una pequeña de dos años encuentre un alquiler asequible, por lo que piden ayuda.
La situación se remonta a 2013 cuando cinco familias okuparon un edificio perteneciente a la inmobiliaria Aliseda, del Banco Popular, en la calle Ladrón de Guevara. A pesar de la situación, Yanira asegura que las familias fueron a una de las oficinas de esta entidad bancaria y comprobaron que, por el momento, no iba a usarse el inmueble. En caso de que la entidad quisiera darle uso, se lo notificarían. Los vecinos se empadronaron e incluso solicitaron a Emasa la contratación del agua para hacer la situación «lo más legal posible».
Sin embargo, los problemas para Yanira y José (23 años) comenzaron las navidades pasadas cuando recibieron una notificación judicial. Al personarse, les detallaron que habían sido denunciados por la vía penal para que abandonaran el inmueble. Una situación que pilló de sorpresa a la familia y que están viviendo todos los integrantes del edificio. «Nunca quisieron firmar nada con nosotros pero nos dijeron que nos avisarían», recuerda la joven. Sin saber cuánto tiempo tardarían en echarlos de la vivienda, comenzaron a solicitar ayudas. El Instituto Municipal de la Vivienda los incluyó dentro del plan de familias en riesgo de exclusión y pueden optar a una ayuda de 450 euros mensuales para pagar un alquiler, una cantidad que ellos pueden complementar pero, ante la falta de ingresos, Yanira y su pareja tienen que ajustarse a esa cuantía. «No hemos encontrado nada a donde podamos irnos. Además, el dinero no lo vemos, es un contrato en el que pone que somos una familia en riesgo de exclusión y no quieren saber nada de nosotros porque creen que daremos problemas», expone.
En abril se celebró el juicio, a pesar de alegar su situación, y le pusieron una multa a cada uno de 900 euros que se rebajó a 90 euros. Además, debían abandonar la vivienda, sin especificar cuándo.
El pasado lunes, día 13, les citaron en el juzgado y les comunicaron que tenían un plazo de cinco días para abandonar la vivienda. Una situación que no figura como «lanzamiento», sino como condena. Por ello, el quebrantamiento de la misma puede traerle consecuencias legales, según explica Yanira, quien desde hace cuatro días sabe que está fuera de plazo.
Con la habitación de su hija completa para no trastocar mucho su rutina, reconoce que la situación familiar que tienen por ambas partes es complicada y no saben qué hacer ni a dónde ir cuando abandonen la vivienda. Por ello, han ido a las instituciones a solicitar alguna ayuda que haga que puedan encontrar un lugar donde vivir.
