El Consejo de Gobierno de la Junta ha declarado este martes como Lugar de Memoria Democrática la esquina donde fue abatido mortalmente Manuel José García Caparrós, en Málaga, durante la manifestación del 4 de diciembre de 1977 para reclamar la autonomía para Andalucía.
A pocos días de la conmemoración del 40 aniversario del 4-D, el Gobierno andaluz ha adoptado esta decisión de acuerdo con el decreto autonómico de agosto de 2011, que instaura esta figura para recordar los principales emplazamientos de la represión franquista y homenajear a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.
Con este, son ya 51 los espacios de este tipo reconocidos en la comunidad autónoma.
Manuel José García Caparrós, nombrado Hijo Predilecto de Andalucía en 2013, murió a los 19 años en la manifestación del 4 de diciembre de 1977 en Málaga.
Trabajador de la empresa Cervezas Victoria y militante de CCOO, el joven sindicalista perdió la vida en los disturbios que siguieron a la colocación de una bandera andaluza en la fachada del edificio de la Diputación de Málaga por Juan Manuel Trinidad Berlanga.
El suceso tuvo lugar en la confluencia entre la calle Alameda de Colón y el Puente de Tetuán.
La muerte de García Caparrós fue uno de los hitos de la lucha por la autonomía en la Transición y se produjo el mismo día en que unos dos millones de andaluces salieron a las calles para reclamarla.
A ellos se unieron otro medio millón de emigrados que secundaron la movilización en ciudades como Madrid, Barcelona y Bilbao.
El suceso, de gran impacto social, supuso un punto de inflexión para la Historia de Andalucía. Justo un año después se firmó el Pacto de Antequera que sentó las bases definitivas del autogobierno, finalmente refrendado el 28 de febrero de 1980.
Conforme a la nueva ley autonómica sobre la materia, aprobada en marzo de este año, la declaración de Lugar de Memoria Democrática de Andalucía conlleva un informe exhaustivo con documentación sobre el enclave, su evolución histórica y la narración de los hechos que motivan su reconocimiento con los datos sobre las personas e instituciones que se vieron involucradas.
En el caso de que se trate de un emplazamiento público, la administración titular está obligada a garantizar su identificación, señalización, preservación y, en el caso de que experimente alguna transformación de importancia, a mantener una huella o registro permanente que sirva para recordar los hechos relacionados con el sitio.
El proceso de declaración cuenta con la valoración de un grupo de expertos, en representación tanto de colectivos memorialistas de la comunidad autónoma como del Consejo Andaluz de Universidades.
