La CRUE advierte de que el plazo del que disponen las universidades españolas para su adaptación a la nueva ley de contratos del sector público en el ámbito de la investigación, que entrará en vigor a partir del 9 de marzo de 2018, es «claramente insuficiente». Así lo manifestó ayer la organización a través de un comunicado, después de que la Comisión Sectorial de I+D+i se reuniera en las XXV Jornadas de Investigación de las Universidades Españolas en Málaga.
Asimismo, la CRUE muestra su «más profunda preocupación» sobre el impacto que puede tener en las universidades las justificaciones de costes indirectos de proyectos de investigación finalizados hace varios años.
«La comisión sectorial de I+D+i considera que este tipo de actuaciones, si bien entendibles en un marco general legislativo, introduce graves complicaciones en la gestión de la investigación universitaria. Por lo que sería deseable explorar instrumentos que permitieran tener en cuenta la singularidad de las actividades de investigación en la aplicación de las normativas correspondientes».
Para la CRUE, el nuevo plan estatal de investigación científica y técnica y de innovación 2017-2020, «debería implementarse lo antes posible» para garantizar una puesta en marcha «estable».
