Combinar la formación en el centro educativo con el aprendizaje práctico en el centro de trabajo. La teoría es sencilla, pero, hasta el momento, se ha dado de bruces contra la realidad, evidenciando la falta de una infraestructura industrial que pueda absorber las enseñanzas que se imparten en los centros. La Junta lleva muchos meses perfilando un nuevo marco que mejore esta situación y este martes, por fin, dio luz verde al ante proyecto de ley de Formación Profesional (FP). Con esta nueva regulación se quiere crear un marco en el que se conecte la oferta de este tipo de formación a la mano de obra que, realmente, se demanda en Andalucía. Así, se espera que se pueda mejorar la empleabilidad de los jóvenes una vez que acaba su periodo de formación.

Para tal cometido, se ha establecido un plan a corto y medio plazo que servirá para apuntalar la norma sobre la futura FP. Hasta el año 2020, según informó la Junta, se habrán invertido unos 189 millones de euros. Este desembolso se hará efectivo a través de una memoria económica progresiva, bajo la coordinación conjunta de las consejerías de Educación y de Economía. Al final del recorrido, los ciclos formativos que se ofertan en Andalucía habrán aumentado hasta los 715, lo que se traduce en una oferta de 25.800 plazas. En relación al número de profesores, se prevé un aumento de docentes, hasta llegar a los 1.62.

El consejero de Empleo, Javier Carnero, y su homóloga al frente de Educación, Sonia Gaya, comparecieron ayer en rueda de prensa para una primera valoración. Gaya calificó la aprobación del anteproyecto como «muy esperada» y justificó su demora en que «a veces es preferible esperar un poco para garantizar el éxito». Según la responsable de Educación, se han sentado las bases para establecer un sistema permanente que garantice que la FP en Andalucía responda a la demanda de mano de obra cualificada.

Convenios con empresas

Existen dos maneras de FP. Por un lado, lo que se podría calificar como la FP tradicional, que combina la enseñanza teórica con la práctica a modo de alternancia. Por otro, la formación dual, con un largo recorrido en los países más industrializados de Europa, y que compagina la actividad formativa con la laboral. Ambas modalidades requieren a las empresas para la parte práctica. Según explicó Carnero, el Gobierno andaluz trabaja para aumentar el número de convenios establecidos con las mismas, y que, a día de hoy, hay 2.800 empresas que participan en el desarrollo de la FP. Actualmente, hay unos 4.000 alumnos repartidos en 168 centros educativos.

El nuevo ordenamiento tendrá otro de sus pilares en la creación de la llamada Red de Centros de Formación Profesional de Andalucía. Estará integrada por los centros que imparten FP en el sistema educativo y aquellos que ofrecen FP para el empleo. Los centros integrados de FP, que colaboraran de manera estrecha con las empresas, tendrán una amplía autonomía de gestión para poder organizar de manera flexible la oferta formativa que se demanda en su entorno.