El conflicto entre los funcionarios del Real Cuerpo de Bomberos y el Ayuntamiento de Málaga cumplirá el 29 de diciembre un año en el pudridero. Lo que aquel jueves comenzó como un encierro espontáneo tras imponer la jefatura del servicio un calendario laboral sin consultarlo con los sindicatos, ha degenerado en una guerra sin precedentes en la historia del cuerpo y del Consistorio, cuyos responsables se han negado a afrontar un problema que ha alcanzado su cénit con denuncias cruzadas ante la Fiscalía. De esa responsabilidad no se libra el alcalde, Francisco de la Torre. Desde que el regidor se reuniera con los sindicatos con representación en el cuerpo aquella madrugada del 5 de enero no ha vuelto a querer saber nada del asunto por mucho que prometiera crear y participar en mesas de trabajo para estudiar las reivindicaciones históricas.

Tras años de promesas incumplidas, los bomberos se plantaron para reclamar un nuevo reglamento que sea consensuado con los trabajadores -el vigente es de 1959-; una regularización de la jornada laboral; y la elaboración de un calendario de reclasificación que les equipare al resto de cuerpos de bomberos de la región. Todas estas reivindicaciones, así como la destitución del jefe de servicio que exigen los agentes, fueron aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento el 26 de enero gracias a las mociones de PSOE, Málaga Ahora, Ciudadanos y Málaga para la Gente, pero han sido ignoradas por el equipo de gobierno hasta hoy.

El único encuentro que los representantes tuvieron con De la Torre alimentó aún más el malestar del colectivo, que vio cómo el alcalde se borró para delegar el marrón y el desgaste al concejal de Seguridad, Mario Cortés. El discurso municipal no se ha movido de que cualquier petición que se saliera del acuerdo de funcionarios que ya se había firmado para 2017, y del que los bomberos se sienten históricamente discriminados, es «ilegal». Entonces llegaron las manifestaciones (26 de enero y 23 de abril) y la huelga que comenzó el 14 de marzo. Lejos de buscar la paz, al alcalde le faltaron micrófonos para ridiculizar la huelga públicamente. La calificó de «ficción» argumentando que no tenía seguimiento y consideró una «paradoja» que los bomberos pidieran más servicios mínimos que el propio Ayuntamiento. Para los funcionarios, sin embargo, lo paradójico es que los servicios mínimos que avaló un juez en favor del Consistorio no se hayan respetado en más de una ocasión y que haya habido días en los que algunos parques amanecieran con menos agentes de los fijados.

Ficticia o no, la primera huelga en la historia del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga no sentó nada bien a la jefatura del Servicio y mucho menos al alcalde. Casualmente, los expedientes disciplinarios han volado por los parques de la capital desde que los bomberos iniciaran las movilizaciones. El colectivo ha contabilizado 34, de los que 16 se han archivado, otros seis se han resuelto con una falta leve de apercibimiento y cinco han sido recurridos, mientras que la famosa suspensión de empleo y sueldo a un sargento fue suspendida de forma cautelar por una juez a la espera del juicio. El motivo de ese expediente fue que supuestamente no puso en conocimiento de los mandos superiores la aparición de pintadas y pegatinas en los vehículos y que no los retirara por orden de un superior durante una visita del alcalde al parque en pleno conflicto. Una medida desproporcionada si se compara con lo ocurrido la madrugada del 19 de febrero, cuando una tromba de agua histórica puso en jaque a la ciudad sin que los responsables municipales activaran el Plan Municipal de Emergencias (PEM), tal y como destapó este diario. En primera instancia, el Ayuntamiento justificó que no se activara porque todo ocurrió muy rápido y se centraron en atender los daños, aunque días después reconocieron que esa madrugada no se pudo localizar al jefe de servicio, pieza clave en la activación del PEM, porque el responsable de la guardia de esa noche lo llamó «al teléfono oficial y no al fijo personal». Además de respaldar a José Cruz en unas circunstancias tan delicadas, el Ayuntamiento, cuyos responsables durmieron a pierna suelta una noche en la que alerta amarilla prevista por precipitaciones pasó a naranja y luego a roja, ordenó una sorprendente investigación por la supuesta tardanza de 40 minutos de la dotación que, con la ciudad bloqueada por la tormenta, acudió a la calle Flamencos tras conocerse que dos jóvenes habían caído con su coche al hundirse la vía como consecuencia de un corrimiento de tierras.

Entre las batallas ganadas por los trabajadores destaca la del mes de marzo, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo que el Sindicato Andaluz de Bomberos interpuso en 2011 contra el reglamento regulador y desarrollo de la jornada laboral del Ayuntamiento. La sentencia, firme, insta al Consistorio a anular del convenio colectivo la disposición sobre la valoración económica del programa de productividad y la condición de facultar un liberado sindical a las organizaciones sindicales que suscribieran el convenio. A lo largo del año también han salido a la luz aspectos que ponen en duda la salud y la gestión de un cuerpo cuya razón de ser es proteger a los ciudadanos. La Inspección de Trabajo también ha dado recientemente la razón a los funcionarios y ha requerido formalmente en dos ocasiones al Ayuntamiento a que se tomen en serio la seguridad laboral de los agentes. Aspectos como el mantenimiento de los equipos de altura, de los trajes de intervención, facilitar el material adecuado (guantes, calzado y ropa) para los trabajos con motosierra y el estado que presenta el parque de Martiricos no han dejado en buen lugar a los responsables del cuerpo. No menos sorprendente fue conocer hace unos meses que el E-1, el vehículo estrella del cuerpo adquirido por el Ayuntamiento en 2005 por 900.000 euros, está fuera de servicio desde 2015 por una avería valorada en 120.000 euros. El brazo articulado, cuya ausencia ha dejado sin cobertura a todas las viviendas situadas a más de 12 plantas de altura, tardará más tiempo del previsto en repararse por el alto nivel de corrosión y desgaste que presenta en algunas zonas. Y así ha ido hasta finales de noviembre, cuando más de 60 bomberos declararon como investigados en un juzgado de la capital tras denunciar el propio Ayuntamiento que no atendieron las llamadas para incorporarse a una emergencia cuando estaban fuera de servicio. Los agentes alegan que no existe ninguna norma, reglamento o ley por el que los bomberos de Málaga estén obligados a estar pendientes del teléfono y disponibles las 24 horas del día cuando están fuera de servicio salvo que se hubiera implantado un sistema de disponibilidad. También en verano, la Fiscalía anunció que abría diligencias de investigación penal ante la denuncia de los bomberos que apuntaba a que el jefe de servicio supuestamente había cobrado fines de semana y festivos sin trabajarlos durante los últimos seis años.

Con el ocaso de 2017 no sólo se cumple el aniversario del conflicto. Las negociaciones para el nuevo acuerdo de funcionarios se acercan y en ellas se verá si el equipo de gobierno, con el alcalde a la cabeza, escucha o no las demandas de los bomberos como ha venido diciendo a lo largo de todo este ejercicio. En frente, a priori, también tendrá a todos los grupos de la oposición, que durante los últimos meses le han pedido una y otra vez al regidor que solucione el conflicto. Incluso Ciudadanos, la llave del PP para gobernar, ha advertido de que no se sentará a negociar los presupuestos de 2018 si el alcalde no da salida a cuatro asuntos: los suelos de Repsol, el plan forestal de Monte Gibralfaro, el futuro de Limasa y el conflicto de bomberos. Los bomberos, por su parte, se reunieron el martes en asamblea y anunciaron nuevas movilizaciones, como una concentración el 21 de diciembre coincidiendo con el pleno municipal y otra el día 29, día en el que comenzó el encierro.