­La incapacidad del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga, que gobierna en minoría, para abordar la negociación y acuerdo con el resto de grupos municipales de unas nuevas ordenanzas fiscales que fijen las tarifas de los impuestos, tasas y precios públicos para 2018, ha sentado un primer precedente que es que por primera vez desde hace 20 años (el periodo en el que el PP gobierna en el Ayuntamiento) Málaga no tendrá unas nuevas ordenanzas fiscales aprobadas en el pleno municipal.

En estos últimos años, incluidos los dos últimos en los que el PP gobierna en minoría, siempre se había procedido a la tramitación y aprobación de estas ordenanzas, incluso en los años en los que las tarifas se mantenían inalterables con respecto al año anterior.

En los dos años anteriores (2015 y 2016), el gobierno local ha podido dotar a la ciudad de nuevas ordenanzas gracias, en ambos casos a Ciudadanos, que ha sumado sus votos a cambio de ver cumplidas algunas de sus exigencias. Las ordenanzas para 2017 se aprobaron en el pleno de 4 de octubre de 2016, fijando la congelación de las tarifas de todos los impuestos y tasas, salvo el Impuesto de Obras y el vado para casas unifamiliares, que se reducían un 5 por ciento.

Una segunda consecuencia más trascendente es que la Ley de Haciendas Locales permite que la mayoría de las tasas, de los precios y algunos impuestos, puedan cambiarse o modificarse en cualquier momento del año cumpliendo la tramitación.

No es el caso de los llamados tipos que se deben exigir que son el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el de Circulación y el de Actividades Económicas (IAE). Para estos tres impuestos, junto con las tasas de basura industrial y el vado, la ley exige que cualquier modificación de sus tarifas sea tramitada en el plazo estipulado de manera que deban entrar en vigor obligatoriamente el 1 de enero, ya que su periodo impositivo coincide con el año natural.Congelados

El gobierno local ha desperdiciado los plazos que le hubieran permitido aprobar cualquier modificación de esos impuestos y tasas y que entrasen en vigor el 1 de enero de 2018 (aprobación inicial, periodo de alegaciones, resolución de las mismas y aprobación final por el pleno).

El resultado es que para todo 2018 el IBI, el IAE, el Impuesto de Circulación y las tasas por vado y basura industrial tendrán sus tarifas congeladas. Será así no por deseo expreso de los gestores municipales, sino por imperativo legal.

También se ha anunciado la congelación de los precios públicos del transporte (billete de la EMT) y los de la Sociedad de Aparcamiento (Smassa), es decir, grúa, aparcamientos públicos y aparcamiento limitado.

Estos impuestos son los que la ley de Haciendas Locales fija como los que deben exigirse, frente a los que se pueden exigir, que son el de Construcciones y Obras (ICIO) y el de Plusvalía, que además, tras la sentencia del Tribunal Constitucional, está siendo objeto de una remodelación que el Gobierno aún no ha acabado de cerrar.

Tanto estos impuestos como el resto de tasas y precios públicos pueden ser objeto de modificación en cualquier época del año. En el caso de Málaga, el gobierno local tramita en estos momentos la modificación de dos tasas, la que fija la tarifa para las visitas a La Alcazaba y Gibralfaro y la de los precios de los servicios funerarios de Parcemasa, que deberá replantear ante el rechazo inicial de los grupos de la oposición.

Una tercera consecuencia de la inexistencia de unas ordenanzas actualizadas es su afectación al proyecto de presupuesto. Las ordenanzas son la hoja de ruta que guía la elaboración de las cuentas municipales. Éstas establecen sus prioridades en función de la previsión de ingresos, previsión que se determina a partir de las nuevas medidas que fijen las ordenanzas. Para la elaboración del presupuesto de 2018 no habrá esas previsiones actualizadas.