Ayer comenzó en la Audiencia Nacional el juicio contra Maya Amaya, líder de una cúpula yihadista que operaba desde Málaga. En el momento de su desarticulación, habían convertido, supuestamente, al restaurante Ben Amara en su centro de operaciones. El acusado se enfrenta a una pena de cárcel de 14 años, solicitada por la Fiscalía. Junto a Maya, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional culpa otras cinco personas de haber intentado formar una de las mayores redes de captación y envío de radicales para su incorporación a organizaciones yihadistas. Durante la vista oral, Maya -de ascendencia gitana, que se enfrenta a 14 años de cárcel- confirmó que facilitó, a través de las redes sociales como Facebook o Skype, el contacto de personas que se encontraban en zonas de conflicto a otros que «querían trabajar, que querían buscarse una vida» o que querían «aprender el Corán» para después hacer la yihad. No obstante, precisó que él no ha «mandado a nadie» a esos grupos yihadistas porque no sabía concretamente cuáles eran, sino que sólo «daba información». El fiscal quiso saber a cuántas personas le ofreció esa «información», pues durante la instrucción del caso apuntó que fueron unas 200 personas. El presunto líder de la célula dijo que «a muchísima gente» pero que esa cifra es «exagerada».

Defensa del «antiterrorismo»

Todos los acusados, salvo Chafik Jalel Ben Amara Elmedjeri, aseveraron que era Maya el que hacía esa labor de reclutamiento y que se quedaban en su casa hasta que les daba instrucciones sobre sus respectivos viajes. Han apuntado que no participaron en las labores de captación, aunque uno de ellos, Paul Audren Lawrence Cadic, sí que aseguraron que estuvo presente una de las veces en la que el presunto líder llevó a cabo esta actuación.

El único de los acusados que negó los hechos por los que se les acusa es Ben Amara, quien dijo que es el primero en defender el «antiterrorismo». En este sentido, señaló que su colaboración con la justicia es «incondicional» y que si hubiese sospechado que Maya trabajaba con fines terroristas lo hubiese denunciado.

Para Ben Amara, para el que piden ocho años de prisión, los que se enrolan en grupos terroristas son aquellos que «les gusta derramar la sangre en nombre del diablo, no del islam». Sin embargo, sobre Maya enfatizó que era «fanático, no violento». También negó tener cualquier vinculación con Maya -aunque afirmó que era consciente de que en Málaga le conocían como El Talibán- y rechazó que le facilitara documentación francesa falsa, pese a que un agente que participó en la investigación asegurase que esto sí tuvo lugar.

En este sentido, el acusado indicó que iba a Francia a ver a su familia y a comercializar «la paella ambulante», algo que quiso mostrar acercándose al tribunal, presidido por el magistrado Alfonso Guevara, para mostrar los folletos de ese negocio.

Este acusado continuó su versión en la que se desvinculó de la célula diciendo que la única relación que tenía con el presunto líder de la misma se enmarca en que era «cliente» del restaurante que Ben Amara tenía en Málaga.