La Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) dejó de ingresar en la provincia de Málaga en el ejercicio fiscal de 2015 en torno a 140 millones de euros por las viviendas alquiladas no declaradas por sus propietarios, un montante que suele ser parecido año tras año, según una estimación del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), cuyo vicepresidente nacional, José María Mollinedo, asegura que, en el caso de la comunidad autónoma andaluza, ese montante llega hasta casi los 287 millones de euros, aunque este dirigente del colectivo insiste en que es sólo una estimación.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en Málaga y provincia hay 79.063 viviendas alquiladas, de las que 28.658 sí fueron declaradas al Fisco, frente a las poco más de 50.000 (50.405) que no lo fueron, aunque esta cifra es, como advierte de nuevo Mollinedo, una estimación. Ello supone que el tanto por ciento de vivienda sumergida en la Costa del Sol es del 63,8%. Como en todo, Málaga pulveriza los números andaluces: en la región hay 302.837 casas alquiladas, según el INE, de las que 155.301 sí fueron comunicadas a Hacienda y 147.536 no, lo que en términos relativos representa que el 48,7% de viviendas sumergidas en la autonomía (siempre en referencia a estimaciones de Gestha hechas sobre datos del INE y fiscales). Es decir, que en Málaga las viviendas no declaradas superan en 15 puntos a los alquileres en negro en Andalucía.

El porqué de que las viviendas alquiladas en negro en Málaga superen a la media andaluza tiene una explicación evidente: el sector inmobiliario en la provincia creció de forma espectacular durante la primera década del siglo hasta el estallido de la crisis, en septiembre de 2008. Además, buena parte de este parque inmobiliario se dedica a los alquileres turísticos no reglados, una polémica ahora muy en boga y que muchas ciudades están intentando regular, incluso planteándose moratorias por saturación de determinadas calles. Estos apartamentos no reglados han tenido el efecto de que los alquileres en las zonas en las que proliferan se han disparado y ha creado conflictos con los vecinos.

Al plan contra la economía sumergida en los alquileres impulsados por Hacienda en 2012, el departamento de Cristóbal Montoro incorporó en la renta del año pasado un aviso a los contribuyentes con alquileres de pisos vacacionales. Por primera vez en la campaña de la renta de 2016, la Agencia Tributaria incluyó una nota en los datos fiscales de los propietarios que alquilan viviendas en internet: «De acuerdo con los datos de que dispone la AEAT, usted ha realizado anuncios de alquiler de inmuebles en diferentes medios publicitarios, incluido internet. Le recordamos que, en caso de haber percibido rentas por alquiler, debe incluirse en la declaración, así como cualquier tipo de renta por la que deba tributar y no conste en los datos fiscales».

En las diferentes plataformas online se anuncian miles de pisos vacacionales en Andalucía: desde habitaciones, hasta cabañas, áticos, pisos y chalés.

Mollinedo, de Gestha, destaca que la Agencia Tributaria tiene programas de comprobación para detectar estas prácticas. «Se establecen deducciones autonómicas y si se ve que el inquilino no las ha declarado, pues se constata que el propietario no ha declarado», precisa. También se realizan comprobaciones en base a los consumos eléctricos, en el sentido de que no es normal que una vivienda deshabitada tenga altos consumos en este sentido, lo que se cruza con los datos del propietario y se caza al mentiroso. «Todo esto se detecta fácilmente, porque son personas sin una gran preparación para el fraude. Esto deja mucho rastro», asevera el vicepresidente nacional de Gestha.

Niega Mollinedo que haya muchos funcionarios dedicados a estos menesteres como principal función, porque desde 2013 hay 3.000 funcionarios menos.