A falta del pleno de este viernes, la Diputación despidió ayer el año político con un acuerdo de suma importancia para despejar el futuro de la institución en lo que queda de legislatura. El PP y Ciudadanos presentaron el acuerdo alcanzado para aprobar los presupuestos de 2018, y que deja un camino expedito para que Elías Bendodo llegue a 2019 sin grandes sobresaltos. Al menos, en la institución que preside desde 2011 y que, ahora, se aventura a dejar libre de deuda para finales del año que viene. En el caso de desacuerdo para las cuentas de 2019, bastaría con prorrogar los presupuestos al estar en año electoral. Ayer, Bendodo se presentó rebosante de optimismo y convencimiento. Acompañado por el portavoz de Cs, Gonzalo Sichar, y la mayoría de su equipo de gobierno, desglosó unas cuentas que calificó como «históricas» y que fijan la liquidación de la deuda de la Diputación para finales de 2018, cuando se salde el nuevo presupuesto, pendiente del formalismo de pasar el debate plenario. Algo que sucederá mañana con los votos favorables del PP y Cs, mientras que el PSOE, IU y Málaga votarán en contra.

Una decisión, esta última, incomprensible para un Bendodo que puso énfasis en reiterar que si unos presupuestos han sido merecedores de un consenso generalizado en la presente legislatura, habrían sido los que reveló ayer. Por resultar decisivos, precisamente, para liquidar una deuda que habría llegado a ser de 280 millones de euros en 2011.

Para Bendodo, menos interesado en ofrecer un sinfín de cifras en esta ocasión, el hito está en la liquidación del pasivo que ahora deja sobre la mesa el actual equipo de gobierno del PP: «Siete años después, conseguiremos saldar esa pesada losa con los bancos y el pago a los proveedores. A partir de ahora la Diputación podrá dedicar todos sus recursos a los malagueños». A efectos políticos, el mensaje que quiso lanzar Bendodo quedó claro: contraponer la gestión del PP, pródigo en eficacia, con la anterior del PSOE, de la mano con el ascenso de la deuda. Cuando aún no está perfilado que deje la institución en 2019, después de abrir la puerta a un tercer mandato, el último responsable quiso elevar su cotización como buen gestor.

Aunque la comparecencia, que sirvió para comprobar la buena sintonía que existe entre Bendodo y Sichar, girara en torno a la liquidación de la deuda, se desglosaron los principales puntos de un presupuesto al alza. En su cómputo consolidado, el que incluye las partidas de las empresas externas que dependen de la Diputación, el de 2018 asciende hasta los 290 millones de euros (el exclusivo de la Diputación es de 231). Un aumento de 10 millones en comparación con las cuentas del actual ejercicio. En 2017, el presupuesto consolidado ha sido de 280 millones. La inversión sube un 14% y por habitante pasa a ser de 1.241 euros. Las inversiones superarán los 57 millones, de los que 40 se dedicarán a los municipios.

Gasto social

Entrando en los pormenores de las cifras, Bendodo destacó la capacidad de su equipo de gobierno para configurar unos presupuestos que, un año más, habrían puesto las prioridades en el gasto social. Esto es, unos 94 millones, la mayor partida, destinados al área de Ciudadanía, donde se gestionan los servicios sociales de la Diputación. Bendodo incidió, por otra parte, en que se seguirá apostando por los planes de empleo con una inversión de dos millones. El gasto en la promoción turística será de 8,6 millones, mientras que la partida que se lleva Sabor a Málaga es de 3,6.

En cuando a las infraestructuras, destaca una partida de dos millones para convertir La Malagueta en un coso multiusos con capacidad para acoger festejos taurinos así como eventos de todo tipo. Otra apuesta del actual equipo de gobierno, el centro de estudios sobre Bernardo de Gálvez, contará con una partida de 750.000 euros. La Senda Litoral, el centro cultural María Victoria Atencia o algunos campos de fútbol municipales en la provincia son otras infraestructuras que estarán dotadas de dinero.

Por otra parte, después de la abstención del año pasado, Gonzalo Sichar justificó el voto a favor de este año, asegurando que estamos ante unos presupuestos «magníficos». La formación naranja ha introducido para esta ocasión una cláusula que compromete al PP a tener ejecutadas las propuestas de Cs hasta el 30 de septiembre en 2018. Entre las exigencias naranjas, destaca el pago de las cuotas del tratamiento de residuos sólidos urbanos a los municipios menores de 5.000 habitantes.