Ha pasado más de un mes desde que más de 500 inmigrantes que llegaron días antes de forma irregular a las costas de Murcia ingresaran en la prisión de Archidona por orden de siete jueces de aquella región. Esta decisión provocó una reacción social liderada por Málaga Acoge, organización que no sólo pone en duda la legalidad de la medida en sí, sino la presencia de menores entre los internos. Incluso después de que la Junta de Andalucía haya asumido la tutela de nueve menores procedentes de la prisión. El pasado viernes, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas aceptó la petición de la asociación que preside Arantxa Triguero y pidió al Gobierno la paralización de la devolución de tres de los menores ingresados.
¿Qué supone para la asociación la resolución de la ONU?
Viene a confirmar lo que hemos venido denunciando, que existen menores en el centro penitenciario. Tanto el Ministerio del Interior, como el juez de control y la Fiscalía de Menores, que se supone tienen que velar por los derechos de éstos, han desoído nuestras denuncias a pesar de aportarles pruebas documentales de esa minoría de edad. Ha sido necesario recurrir a instancias internacionales como la ONU para conseguir que los derechos de estos niños queden protegidos. Es evidente que es necesario cambiar el sistema de determinación de la edad que se viene siguiendo hasta ahora. Ha quedado patente que el sistema actual deja en la más absoluta desprotección a muchos menores.
¿Qué está ocurriendo en la cárcel de Archidona?
Más de 400 personas han sido internadas en la cárcel cuando la legislación española expresamente prohíbe que personas que no han cometido ningún delito, como es el caso, puedan ser recluidas en centros penitenciarios. Ahora que se han iniciado las devoluciones, nuestra mayor preocupación se centra en los menores y que estos no sean devueltos. A algunos de ellos les han hecho las pruebas oseométricas y los resultados concluyen que son mayores de edad. Tenemos documentación que dice lo contrario en al menos cinco casos y esto nos ha llevado a poner quejas ante la Fiscalía, ante un juez de Archidona y ante el Defensor del Pueblo e incluso ante el Comité de Derechos del Niño. De momento sólo el Defensor del Pueblo y ahora la ONU nos apoyan y recomiendan las pruebas complementarias.
Se ha demostrado que en la prisión había menores.
Así es. La Junta de Andalucía ya ha asumido la tutela de nueve (hasta el viernes). El problema es que creemos que ya se ha devuelto a algunos cuyos derechos se han vulnerado y dentro hay más. La situación para nosotros es bastante frustrante.
¿Se le está dando a todo este asunto menos importancia de la que tiene socialmente?
No lo creo. La sociedad ha respondido con su presencia en las diferentes movilizaciones que se han organizado en torno a la prisión. Nuestra sensación es que la gente sí es consciente de que las personas que están allí no han cometido ningún delito. Otra cosa son los políticos, que siguen manteniendo que se trata de una situación puntual, pero es algo totalmente inaceptable.
¿Puede sentar un precedente este internamiento y que se repita en el futuro?
Esperemos que no. Desde todos los ámbitos se dice que se trata de un caso puntual y, por tanto, no debería repetirse.
¿Consideran ilegal este internamiento?
Por supuesto que sí. La legislación española prohíbe expresamente que el centro tenga carácter penitenciario, por lo que esta medida nunca debió adoptarse. La cárcel de Archidona está construida y diseñada como una cárcel, por lo que tiene la impronta característica de estos centros. Además, el Boletín Oficial del Estado ya ha publicado su uso como una prisión.
¿Se ha internado a menores sabiendo que son menores?
Espero que no porque eso sería un delito. En este momento nuestras quejas se centran fundamentalmente en la presencia de menores. No se han hecho las pruebas suficientes. Entendemos que puede haber casos que generen dudas, pero algunos son evidentes. Tú los ves y son niños.
¿Tienen contacto con las personas internadas en la prisión?
Sí. Algunos están muy nerviosos.
¿Qué ocurrió el día del supuesto motín?
Nos llegaron las fotos que han salido en los medios. Sabemos que hubo cierto revuelo en la cárcel, la gente lleva muchos días, está nerviosa, la situación dentro es difícil.
¿Hubo violencia?
Sólo sabemos que hubo una actuación policial.
Málaga está viviendo el año con mayor número de llegada de inmigrantes en patera de su historia. ¿Qué está ocurriendo?
Concurren múltiples factores, hay muchas revueltas en los países de origen de estas personas. Marruecos, Siria, los países subsaharianos... El bloqueo de la ruta Libia-Italia les obliga a buscar alternativas. La presión migratoria es altísima. Nosotros reivindicamos las rutas seguras, que se les facilite una forma fiable de llegar a nuestro país sin que se jueguen la vida en las pateras, ya que con el aumento de llegadas también aumenta el número de víctimas en el Mediterráneo.
¿Qué papel tiene Marruecos en la llegada masiva de pateras?
Entendemos que hasta ahora han trabajado, o se supone que trabajan, conjuntamente con España y que evitan que la salida de pateras desde sus costas sea mayor. Incluso el control de las salidas ha sido una medida de presión que Marruecos ha utilizado con España.
Las noticias sobre la llegada de pateras a las costas de Málaga parecen tener poco impacto social.
Creo que mucha gente no es consciente de lo que ocurre, de la verdadera razón por la que estas personas abandonan su país y piden asilo político aquí. Puede que sea por desinformación, o la manera en que se dan las noticias.
¿La mayoría de las personas que llegan en patera son devueltas a sus países?
No. Sólo los ciudadanos de los países que tienen acuerdo con España como Argelia o Marruecos. Los que son de países sin acuerdo, como los subsaharianos, terminan saliendo de los CIES y siguen su camino. En muchas ocasiones España es un país de tránsito.
