La crisis ha afectado a las rentas más bajas y a las medias que se han desplomado, mientras que los recortes de derechos en política social realizados en los últimos años a nivel estatal también han ayudado a ampliar la desigualdad social. Tal y como señaló ayer Remedios Ramos, viceportavoz del grupo municipal Málaga para la Gente, en la actualidad hay 150.000 personas en riesgo de pobreza y exclusión social en la capital, datos que cuadran con las cifras que manejan los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Málaga.

Según los datos del Observatorio de Medio Ambiente Urbano, más de la mitad de los menores de 16 años viven en hogares que llegan a fin de mes con dificultad y, casi 4 de cada 10 malagueños (37,53%), tiene dificultades para llegar a fin de mes, más de 10 puntos por encima de la media estatal (27,2%). El Riesgo de pobreza en Málaga ha ido aumentando en más de un punto cada año.

Las partidas que se han dedicado al gasto social del Ayuntamiento se han recortado más de un 10% desde 2010 hasta 2017. En este periodo, han aumentado las necesidades sociales y, aunque se ha incrementado la dotación presupuestaria, sigue siendo insuficiente para Málaga para la Gente. Ramos recalca que, en la actualidad, a muchas personas que acuden a los Servicios Sociales, y que reúnen los requisitos, se les puede denegar la ayuda alegando una falta de disponibilidad presupuestaria. En algunos distritos de Málaga, estas ayudas se disparan. Por ejemplo, en Campanillas, seis de cada diez habitantes han acudido a los Servicios Sociales; y en el distrito de Palma Palmilla el porcentaje se sitúa en el 50 por ciento.

Málaga para la Gente considera que la energía, la luz y el gas son bienes esenciales para la vida y que deben ser gestionados desde lo público y no supeditados al interés privado. Así, piden que se inste al Gobierno a que apruebe una ley de medidas para prevenir la pobreza energética con precios sociales y fiscalidad favorable para estas familias, manifiestan su preocupación por la «notable insuficiencia» de la nueva regulación sobre el bono social eléctrico e instan al Ejecutivo a que desarrolle una nueva legislación sobre el mismo, ampliando su cobertura y mejorando su alcance, para tener en cuenta las condiciones de la vivienda y el nivel de ingresos y no sólo la potencia contratada. También piden al Consistorio que ponga en marcha acciones contra la pobreza energética en la ciudad.