ANPE no pierde nunca la oportunidad de reclamar que se desarrolle la actual Ley de Autoridad Pública del Profesorado en Andalucía. El sindicato ha presentado este miércolesla memoria anual de su servicio del Defensor del Profesor, que el pasado curso escolar vio cómo aumentaban los casos atendidos en casi el doble. Durante el 2016-2017, 31 docentes llamaron a este teléfono para denunciar su situación tras haber sido víctima de alguna agresión o haberse visto en medio de algún conflicto y poner en evidencia que se sienten desprotegidos. ANPE critica que este desamparo procede hasta de los equipos directivos y de la administración educativa.

Según María Gracia del Amo, presidenta del sindicato en Málaga, el 67% de los docentes atendidos manifiestan que no sienten el apoyo del equipo directivo de su centro y que solo el 8% ha sido respaldado por el servicio de Inspección Educativa de la Delegación Territorial de Málaga. "Hemos normalizado lo que en ningún caso debería ser considerado normal. El desprecio al profesorado es diario. Las familias se permiten poner constantemente en tela de juicio la labor del docente de sus hijos, cuando a nadie se le ocurriría, por ejemplo, poner en duda el trabajo de un arquitecto cuando proyecta un edificio", explicó por su parte Lidia Quiles, secretaria de comunicación de ANPE y profesora de Secundaria. Esta reiteración en las conductas hace que discernir entre una "falta de respeto o una agresión verbal sea cada vez más subjetivo", insistió Quiles, quien puso ejemplo de casos concretos en los que la Inspección, a pesar de todas las explicaciones ofrecidas por los profesores, terminó dando la razón a padres o alumnos.

Es la indefensión que denuncia el sindicato, que exige esta ley de autoridad pública del profesorado así como la actualización de los protocolos de actuación para los casos de agresiones al profesorado, "para que sean ágiles y de aplicación inmediata", dijo Del Amo. También el desarrollo de un plan de mejora de la convivencia escolar "realmente efectivo y dotado de medios tanto económicos como humanos" por parte de la Consejería de Educación.

Además, ANPE considera prioritario reforzar las plantillas docentes y reducir la ratio. "Con que una clase de 30 alumnos, en el mejor de los casos, tenga cuatro o cinco alumnos disruptivos, a los que hay que atender, esto hace que los demás se vean perjudicados", comentó Lidia Quiles.

La mayoría de estos episodios de conflictividad en el entorno escolar son protagonizados por los padres. El 41% de los casos atendidos por ANPE el pasado curso, estaban relacionados con acoso, insultos o falsas acusaciones de las familias. "En algunos casos, hasta verse presionados para modificar las notas", destacó la presidenta.

El 36% de las llamadas recibidas a este teléfono están relacionadas con problemas con los alumnos. Desde dificultades para dar clase y faltas de respeto de los escolares (76%) hasta el uso de nuevas tecnologías como herramientas para el acoso (14%). "Esta situación empieza a ser preocupante", dijo María Gracia del Amo. Por su parte, Lidia Quiles destacó que los centros educativos "no están dotados para controlar el uso que se hace de las nuevas tecnologías".

Además, un 28% de los casos registrados por el Defensor del Profesor de ANPE aducen problemas con la propia administración educativa.

Las consecuencias de estas situaciones de conflictividad para los docentes se traducen mayoritariamente en cuadros de ansiedad, alteración emocional y sufrimiento personal que "reduce significativamente el rendimiento profesional y con él, la calidad de la enseñanza", según Del Amo. "Las bajas laborales generan un coste para la administración y una modificación de la propuesta pedagógica para los alumnos", insistió.