Todos los portavoces suspenden a Limasa pero discrepan sobre la solución del problema

La decisión que tomó el alcalde fue la de dividir Limasa tras una última prórroga del contrato con la parte privada: una empresa pública gestionará el servicio de recogida y tratamiento de residuos y otra privada gestionará la limpieza viaria. Hasta el momento no se conocen más detalles, sólo que esta decisión ha hecho que la plantilla anuncie movilizaciones. Así, el PP defiende la división de la empresa por especialidades, una postura en la que le apoya Cs, aunque su primera opción es dividirla en varias empresas según la función y el servicio y que sociedades privadas compitan en concursos por hacerse con las concesiones; la oposición de izquierdas, en bloque, aboga por municipalizar la empresa.

Carlos Conde, portavoz del equipo de gobierno, asegura: «La actual Limasa tiene algo malo de lo público y algo malo de lo privado. Entendemos que eso hay que cambiarlo y, después de haberlo sometido a diferentes valoraciones e informes, entendemos que el modelo híbrido es el que mejor satisface las expectativas del equipo de gobierno para garantizar que la limpieza se vea sensiblemente mejorada. Es un modelo que tiene lo mejor de lo público y de lo privado», una forma de funcionar que además se adecua al tiempo en el que vivimos sin mayorías claras y en el que hay que hacer concesiones.

Daniel Pérez, portavoz del PSOE, insiste en que los servicios esenciales han de ser públicos. «Con la municipalización se hubieran ahorrado 12 millones de euros, para invertir en una flota mejor, que está obsoleta». Pérez usa otro informe de la actual Limasa III en el que se pide la inversión de 14 millones de euros para renovar la flota. «La nula gestión del PP está pasando factura y los malagueños lo saben, lo que no funciona hay que cambiarlo», dice. En su opinión, «uno de los principales problemas de la ciudad es la suciedad» y recuerda que este año el Consistorio se va a gastar 120 millones de euros en limpieza.

La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, defiende un modelo público de un servicio esencial y considera que si se opta por otro hay que justificarlo. «El hecho de tomar otro modelo es el que nos obliga a cuantificar que realmente hay un ahorro, más eficiencia y que es un modelo que va a amortizar la inversión en un plazo prudencial. Las leyes prefieren que sea un servicio público y cualquier otro modelo debe demostrarse fehacientemente y con muchos datos. No hay ninguna decisión tomada hasta que tengamos los informes necesarios que permitan, y ya no es sólo voluntad política sino que debe haber informes suficientes, que argumenten que se puede prestar de esa forma. Entendemos que es servicio público, sería una novedad, permitiría mayor eficiencia, mayor ahorro y un control público más efectivo y mayor participación de los vecinos».

Eduardo Zorrilla, portavoz de Málaga para la Gente, insiste en que la capital de la Costa del Sol es una «de las ciudades más sucias» y con los servicios más caros por habitante. «Si analizamos los datos económicos, extraídos del presupuesto, las liquidaciones y los habitantes censados, vemos que esta es la cuarta ciudad de sesenta con el servicio más caro, por detrás de Madrid, Barcelona y Getxo», dice, para insistir en que esta «es la consecuencia de un modelo catastrófico para la ciudad, que en su día fue bautizado por la prensa como el contrato del siglo». Critica Zorrilla que se aseguraran unos beneficios para la parte privada, «fuera la empresa bien o mal, los beneficios blindados, junto a otros encubiertos como el coste de asistencia técnica, que supone el 2,5% sobre la cifra total de negocio».

El portavoz de MpG fue duro: «Estas empresas han vampirizado a la ciudad», pero destacó que el modelo más eficiente es hacer pública Limasa, ya que los informes hablan de un ahorro de entre nueve y 12 millones de euros. «La finalidad no es el ahorro, sino tener una Málaga más limpia y ese dinero ahorrado pudiera reinvertirse en más medios técnicos. A esta misma conclusión llegaba el alcalde, si bien la ha cambiado por la presión o sublevación de sus concejales, de la resistencia interna que ha encontrado». Eso sí, entiende que lo público también se puede gestionar mal. Sobre la decisión actual, «es de las peores posibles; nos hemos opuesto a una gestión privada porque supone repetir los errores del pasado», ya que la empresa pública es la que requerirá más inversión y gasto al tener que invertir en maquinaria, mientras que la privada se lleva «la parte más jugosa del pastel».

El portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, considera que la limpieza es la «mayor mancha en la gestión de Francisco de la Torre», recuerda que su grupo impulsó la comisión de investigación que ha propiciado que se conozcan datos muy relevantes, como que el presidente del comité de empresa dijera que los partidos habían metido a personas a dedo en la empresa, y defendió que su grupo ha mostrado generosidad. «Esta decisión a nosotros tampoco nos gusta, pero entendemos que si seguimos con los debates no se va a solventar el tema y, sobre todo, respetamos la aritmética del pleno; si la decisión del equipo de gobierno es que sea ese modelo híbrido, la vamos a respetar. Nosotros creemos que el servicio debe externalizarse completamente, lotear y dividir por tipo de recogida y de servicio», ya que eso permitirá que empresas medianas malagueñas puedan acceder a los contratos y que «ese dinero se quede en la ciudad».

Juan José Espinosa, que pertenece a Podemos pero es edil no adscrito, asegura que «un servicio esencial y estratégico no debe tener lógica de beneficio» y que ello supondrá un abaratamiento de costes en personal, infraestructuras y materiales. «La apuesta política del alcalde no la avala ningún informe de gestión ni de viabilidad, nadie dice que esa propuesta es la más adecuada para la ciudad, pero puede ser revertida y, sobre todo si los pliegos se van después de las elecciones, seguro que va a ser revertida», dijo. También añade que «la ciudad está sucia es evidente» y criticó el cambio de criterio del alcalde.

Conde agrega que las críticas responden a una posición ideológica y recuerda que el metro, que es una gestión privada de un servicio público, también ha recibido 30 millones de euros y «lo lleva un gobierno socialista». La postura de los trabajadores aquí ha tenido «un peso ponderado» y consideró que «nos debemos dar una oportunidad para que dos modelos, privado y público, puedan de alguna manera competir, y habrá que ver qué puede salir de eso». «La limpieza es mejorable y, qué hemos hecho, gracias al apoyo de Cs, de cara a los presupuestos, vamos a poner en marcha medidas que van a suponer un punto de inflexión en la limpieza de la ciudad». Pérez alaba el hecho de que los trabajadores no vayan a la huelga pero respeta sus derechos e insiste en que el modelo ha de ser público; Ysabel Torralbo aclara que con esta decisión, entre otros objetivos, «sí había intención de dividir a la plantilla» y criticó que el PP rechazase en pleno una moción en la que se pedía un informe de costes sobre la privatización. «Los trabajadores han sido responsables», recalca y recuerda que ellos aceptaron menos productividad y otros aspectos de cara a una posible municipalización. Zorrilla insiste en que el modelo del PP ha significado «socializar las pérdidas y privatizar las ganancias» y rechazó que él demonice lo privado, pero la gestión hasta ahora ha sido «opaca», aunque aún más «nefasta» ha sido la prórroga del contrato. Espinosa destacó que el servicio se recortó entre 2010 y 2014 pasando de las 62.000 a las 24.000 jornadas laborales y ello no se puede banalizar diciendo que llueve poco en Málaga, mientras que Cassá se pregunta por qué la ciudad, con menos habitantes que Sevilla, tiene más trabajadores.

Diferentes posturas sobre la limpieza

La limpieza en Málaga es un problema desde el inicio de la democracia. Ahora, la empresa es Limasa III, un sistema mixto por el que tres empresas tienen el 51% de la empresa y el 49%, el Ayuntamiento, su único cliente, que le paga en consecuencia. Pese a ello, la ciudad, según perciben los malagueños, está sucia y los problemas laborales son continuos. Todos los grupos de la oposición de izquierdas quieren municipalizar la empresa, ya que creen que se ahorrarían hasta 12 millones de euros al año. El PP ha optado, tras darle muchas vueltas, por dividir en dos el servicio, con una parte pública y otra privada. Cs quiere trocearlo aún más y privatizarlo.

Los expertos

Carlos conde. Portavoz del equipo de gobierno del PP

"Después de someterlo a diferentes valoraciones e informes, el equipo de gobierno, como pasa en otras ciudades, entiende que el modelo híbrido es el que mejor satisface las expectativas de todos para garantizar que la limpieza se vea sensiblemente mejorada".

Ysabel Torralbo. Portavoz de Málaga Ahora

Cualquier otro modelo debe demostrarse fehacientemente y con muchos datos. No hay ninguna decisión tomada hasta que tengamos los informes necesarios que permitan, ya no es sólo voluntad política sino que debe haber informes, que argumenten que se puede prestar de esa forma.

Juan Cassá. Portavoz de Ciudadanos en Málaga

Esta decisión a nosotros tampoco nos gusta, pero entendemos que si seguimos con los debates no se va a solventar el tema y, sobre todo, respetamos la aritmética del pleno. Si la decisión del equipo de gobierno es que sea un modelo híbrido, la vamos a respetar. Somos generosos.

Daniel Pérez. Portavoz del PSOE

Con la municipalización se hubieran ahorrado 12 millones de euros, que podrían usarse para invertir en una flota mejor, que está obsoleta. La nula gestión del PP está pasando factura y los malagueños lo saben. Lo que no funciona hay que cambiarlo.

Eduardo Zorrilla. Portavoz municipal de Málaga para la Gente

Málaga es una de las ciudades más sucias y tiene uno de los servicios más caros por habitante. Esta es la consecuencia de un contrato catastrófico para la ciudad, que en su día fue el contrato del siglo, y desde luego que lo fue para la parte privada, que se aseguraba beneficios sí o sí.

Juan José Espinosa. Concejal no adscrito

Entendemos que un servicio esencial y estratégico no puede ni debe tener lógica de beneficio. El alcalde tenía un modelo que era la municipalización y ahora cambia de opinión en un asunto estratégico, aportando una propuesta que no defiende ninguna fuerza política, es arriesgado.