Lo habían avisado los propios jueces de Primera Instancia en una multitudinaria rueda de prensa dada en la sala cuatro de la Ciudad de la Justicia el pasado 4 de mayo. Crear un único juzgado especializado en cláusulas suelo por provincia podía funcionar en lugares en los que la carga de trabajo judicial y el ladrillo son escasos, pero en Málaga ello iba a suponer el colapso total del órgano en cuanto se pusiera en marcha. Y así ha ocurrido. El Juzgado de Primera Instancia número 18 bis de la capital, que tiene las competencias para resolver los asuntos de cláusulas suelo, recibió entre junio y diciembre de 2017 un total de 5.719 demandas; si a ese número se le suman las 521 entradas hasta el pasado 23 de enero, son más de 6.200 las que tiene el juzgado, «un tapón horrible», tal y como lo define el juez decano de la capital, José María Páez.

Ahora mismo, en ese órgano hay dos jueces dedicados a sacar papel, así como seis funcionarios y un letrado de la Administración de Justicia. «El 31 de marzo se creará otro juzgado de Primera Instancia, pero es manifiestamente insuficiente. La idea del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es que haya un juez cada mil demandas y hasta el 23 de enero habían entrado 521, la mitad. Harían, por tanto falta, cuatro jueces más como mínimo. Los dos jueces encargados de este asunto están desbordados, tienen muchísima cantidad de trabajo. De momento, se han prometido más medios», reflexiona.

Esto supone que los ciudadanos tardarán años en recibir una resolución de primera instancia sobre sus cláusulas suelo, un periodo que hay que sumar a los recursos. La avalancha de demandas se adivinó en cuanto se conoció la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cuyos magistrados declararon que si la cláusula es abusiva, los consumidores deben recibir lo pagado de más desde la primera mensualidad de lo hipoteca, además de rescindirse la repercusión sobre las mensualidades futuras.

En aquella rueda de prensa, que dio Páez flanqueado por todos los jueces civiles de la capital, ya dijo: «Pedimos como mínimo cinco juzgados bis, con seis funcionarios por órgano, lo que suma treinta empleados públicos, además de cinco jueces y cinco letrados de la Administración de Justicia». El juez decano señaló entonces que calculaban que había unos 50.000 malagueños con cláusulas suelo en los contratos hipotecarios, lo que significaba que muchos de ellos iban a demandar a sus bancos en los próximos meses, como así ocurrido. De momento, han sido más de 6.000, es decir el 12% de esa cifra. «Si entra lo que está entrando, para un solo juez va a ser irresoluble», avanzó, además de advertir que los togados que iban a encargarse de solventar estos asuntos ni siquiera habrían acabado la formación en la Escuela Judicial de Barcelona ni sería especialista en la materia, además de prever que los ciudadanos tendrían que esperar años para tener una resolución.

Ya hubo un pronunciamiento de la Junta de Jueces de Primera Instancia de Málaga en la que se informaba de su postura y se aludía a los beneficiados por esta situación, los bancos. «Nos preocupa eso, porque estos procedimientos se resuelven por juzgados con jueces con mucha experiencia y especialistas; ante la ausencia de jueces, porque en los últimos años no se ha repuesto ni la cuota de jubilados; ahora, habrá un juez (finalmente hay dos) que no ha terminado ni la formación de Barcelona; no es de recibo encargar la misión a una persona sin experiencia», dijeron los jueces malagueños a principios del año pasado.

Es más, recalcaron que el plan podía tener éxito en provincias pequeñas, pero no en una como Málaga, con tanta carga de trabajo. Ya recordó en esa rueda de prensa el juez decano que los magistrados de lo civil están trabajando en el 150% del módulo de carga de trabajo aconsejado.

Fracaso del plan del Gobierno

Esta avalancha de demandas también tiene su origen en el fracaso absoluto del mecanismo que se sacó de la manga el Gobierno central para evitar una saturación de los órganos judiciales en febrero de 2017, un sistema de resolución extrajudicial para que bancos y usuarios llegaron a un acuerdo sobre el asunto. Diversas asociaciones de usuarios de bancos aseguraron que las triquiñuelas de las entidades hicieron naufragar las negociaciones y condenaban irremediablemente a los afectados a acudir a los tribunales, lo que no supuso más que una dilatación innecesaria, a decir de estas asociaciones.

El plan del Poder Judicial fue rechazado por todos los decanos. Es más, es que las previsiones pulverizaron la realidad. En sólo un mes y medio, habían entrado en este órgano judicial bis un millar de demandas, mientras que los jueces malagueños previeron 1.400 en seis meses.