Málaga para la Gente llevará a la Comisión de Movilidad del Ayuntamiento, que se celebra este lunes, una moción en la que solicita al equipo de gobierno, como máximo responsable de la seguridad vial en la ciudad, que «adopte medidas de calmado de tráfico, reducción de velocidad, control a vehículos y conductores e infraestructuras que hagan de la urbe un lugar mucho más amable» para conductores, ciclistas y peatones en sus desplazamientos.

Asimismo, y como segundo punto, Málaga para la Gente reclama al pleno del Ayuntamiento que se adopte un acuerdo para instar al Gobierno central y al Congreso de los Diputados a atender las demandas de seguridad vial de los colectivos especializados y una reforma del Código Penal que castigue de nuevo con dureza las imprudencias leves al volante. Así, expone la coalición de izquierdas que en los últimos años se han relajado las políticas de seguridad vial, agravadas por recortes en la Guardia Civil y la reducción de inversión en seguridad en las infraestructuras. En 2017, añade, hubo once ciclistas más fallecidos en vías interurbanas que en 2016 y «un aumento global de los fenecidos del 2,9%, dejando patente que la seguridad vial ha dejado de ser un asunto de Estado». Por tanto, es necesario, dicen, reformar la Ley de Seguridad Vial, el Reglamento de Circulación, el Reglamento de Vehículos y de Conductores para adecuarlos a una «nueva realidad» con especial atención a los colectivos vulnerables.

En 2015, dice Málaga para la Gente, se reformó el Código Penal «despenalizando las imprudencias leves, dejando en una situación de impunidad los homicidios por imprudencia leve y en una situación de indefensión a las víctimas de siniestros viales, pero sobre todo a ciclistas y peatones». En el 90% de los siniestros quien comete una infracción grave o muy grave, causando un herido o un fallecido, «no tiene el más mínimo reproche penal». Las grandes beneficiadas de esa despenalización han sido las aseguradoras.

«ConBici, Stop Accidentes, el Foro Andando, Ecologistas en Acción, Cermi, CCOO y otras entidades han solicitado a todas las administraciones públicas, un cambio en las políticas de seguridad vial, mayores inversiones en infraestructuras seguras para colectivos vulnerables, una ley justa con la reforma del Código Penal y que la Ley de Seguridad Vial y reglamentos se reformen atendiendo a ciclistas y peatones», dicen.