La Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) reunió ayer a representantes de las 20 principales promotoras que están operando en la provincia en un encuentro patrocinado por Porcelanosa Grupo y que contó como invitado con el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Francisco Pomares. Los promotores denunciaron que los trámites administrativos siguen siendo «su mayor lastre» y aseguraron que «la indeterminación en los tiempos de desarrollos inmobiliarios, hacen incrementar los costes de producción, lo que repercute directamente en los ciudadanos».

Entre las medidas analizadas para corregir este problema, el sector plantea «la clarificación del urbanismo y de su extensa y confusa, incluso a veces contradictoria normativa» o la digitalización total de las tramitaciones administrativas. También insisten en poner en marcha una reivindicación a la Junta de Andalucía consistente «en la inclusión, en la legislación urbanística actualmente en modificación, de la posibilidad de utilización de la declaración responsable como título habilitante para la primera ocupación».

La ACP afirmó que esta posición se avala en la tendencia legislativa de las directivas europeas, «que apuestan por dar responsabilidades al administrado» y al hecho de que, en algunas comunidades como la Valenciana, Murcia o Cataluña «ya está funcionando sin problemas».

Los promotores recordaron que si se consigue incluir este tema en la legislación autonómica, luego tendrían que ser los municipios los que lo incorporaran en sus correspondientes ordenanzas municipales, por lo que pidieron al concejal de Urbanismo de Málaga «que lo tenga en cuenta, comprometiéndose éste a estudiarlo cuando llegue el momento».

Según la ACP, Pomares quiso por su parte aprovechar el encuentro para presentar las líneas estratégicas de crecimiento de la ciudad y se desmarcó de las críticas a las administraciones, «entendiendo que Málaga es una ciudad modélica, basando su argumentación en las medidas que desde el consistorio de la capital se están llevando a cabo, como la puesta en marcha de la gestión telemática de muchos trámites administrativos, así como el desarrollo de una nueva ordenanza de licencias urbanísticas cuyo objetivo único es la reducción de plazos».

Los reunidos, gestores de la mayor parte del suelo residencial de la provincia de Málaga, tienen previsto seguir manteniendo periódicamente estas reuniones «para detectar problemas comunes y sobre todo estrategias de resolución conjuntas», concluyó la asociación.