Tras más de un intenso año de reuniones, debates, aportaciones de los distintos grupos claustrales, presentación de alegaciones y, sobre todo, de poner en común y todas las sensibilidades de una comunidad universitaria ten heterogénea como rica, el claustro de la Universidad de Málaga ha aprobado en la mañana del martes sus nuevos estatutos. Y lo ha hecho con un amplísimo consenso y entendimiento de las partes, que quedó en evidencia en el resultado de la votación: 170 votos a favor y únicamente 4 en contra y 3 abstenciones. El documento, que entrará en vigor cuando sea ratificado por la Junta de Andalucía, sustituirá a los vigentes, que datan del año 2003.
En estos 15 años, la UMA ha cambiado mucho. Era necesaria una nueva normativa actualizada a las nuevas necesidades y demandas de la institución académica malagueña. El objetivo de los nuevos estatutos es mejorar la calidad democrática de la institución académica y reforzar los derechos de la comunidad universitaria.
En palabras del rector, José Ángel Narváez, que ayer fue el encargado de presentar las reglas normativas durante el claustro extraordinario celebrado en el salón de actos de la facultad de Psicología y Ciencias de la Educación, estos estatutos «son un ejemplo para la sociedad, por cuanto reflejan el esfuerzo de todas las partes que constituyen la Universidad».
«Ha sido un orgullo para este equipo de gobierno presentar un texto único y consensuado en el que todos nos sentimos representados», dijo el rector, que agradeció la capacidad de diálogo de los sectores y aseguró con el nuevo texto la UMA «será más transparente, justa, eficaz y sostenible».
Uno de los puntos que se incluyen en el nuevo proyecto es la limitación de mandatos de los cargos electos, que se fija en dos, contando a partir del momento en que salga adelante este nuevo marco legal. Están sujetos a esta exigencia tanto el rector como los decanos y directores de centros y los responsables de los departamentos. A todos ellos les cuenta esta legislatura como primer mandato, por lo que tienen opción a aspirar a un segundo.
La normativa también se establece la elección por sufragio universal de los decanos y directores de centros. Hasta ahora eran designados por la junta de centro, pero a partir de la aprobación de los estatutos lo serán por sufragio universal con voto ponderado de los distintos sectores.
Respecto al voto ponderado, los porcentajes de representación también cambiarán. Así, el Personal de Administración y Servicios (PAS), que hasta ahora suponía el 10% de los votos registrados a la hora de aplicar la ponderación, pasará al 13%, lo que supone la mayor representación de todas las universidades españolas.
Este pequeño porcentaje se obtiene de la reducción de un 55% a un 54% del Personal Docente e Investigador (PDI) con vinculación permanente y de la disminución de un 10% a un 8% de los profesores sin vinculación permanente. Los estudiantes continuarán con un 25% en el peso del voto.
También se incorporan al articulado algunas figuras que hasta ahora no constaban en el mismo, como la del Defensor Universitario o la Inspección de Servicios, así como el derecho al paro académico o el Consejo de Estudiantes. Este último órgano pasa a formar parte de la estructura normativa de la UMA, algo que sus miembros consideran muy importante, tanto como contar con un órgano de representación propio en cada centro.
