El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga ha condenado al actual coordinador del grupo de Málaga Ahora en la Diputación por un delito de coacciones y amenazas. Desde el inicio de esta legislatura, Juan Díaz forma parte del organigrama de la formación en la institución provincial como cargo de confianza. El juez ve probado que se produjeron una serie de actitudes coercitivas durante el transcurso de una fuerte discusión que se produjo en 2014 en las inmediaciones de La Invisible, donde Díaz, según la sentencia, llegó a amenazar al denunciante al grito de "te voy a arrancar la cabeza". En el dictamen figuran como condenados otras dos personas, ambas cercanas al entorno de La Invisible.

Los hechos sucedieron, según la sentencia, el pasado 15 de marzo de 2014 sobre las 02.00 horas de la mañana, en las inmediaciones de La Invisible en la calle Nosquera. Un grupo de unas 10 a 20 personas, entre las que se encontraba el actual cargo de confianza de Málaga Ahora, se dirigió al denunciante, y empezaron a rodearle y amenazarle por la publicación suya en calidad de periodista (El Observador), precisamente, sobre la ocupación de La Invisible. Según la sentencia, los condenados impidieron al denunciante que se marchara del lugar durante 45 minutos, hasta que éste aseguró que iba ceder a las peticiones expresadas para que "lo dejaran tranquilo".

Según el juez, las actitudes coercitivas mostradas por los condenados conforman una "conducta intimidatoria censurable" y una concurrencia en los elementos de "violencia de contenido material o intimidatorio". Por lo tanto, la condena final asciende para Díaz y los otros dos condenados a una multa de 45 días con una cuota de cuatro euros. La defensa de Díaz ha confirmado a este periódico que recurrirá esta sentencia ante la Audiencia Provincial de Málaga, al entender que corrobora hechos que no están probados.

El código ético de Málaga Ahora, suscrito por todos los cargos electos de la formación y por sus cargos de confianza, prevé la revocación en caso de una sentencia como la emitida por el juzgado de instrucción. En el punto 3.6 de los estatutos se hace referencia al "compromiso de renuncia o cese inmediato ante, entre otros, los delitos contra los derechos de las personas trabajadoras".