Meses después de que La Opinión de Málaga sacara a la luz, en junio de 2017, la existencia de miles de denuncias de infracciones urbanísticas sin tramitar y en peligro de prescribir, provocando que el pleno y los grupos municipales reclamasen soluciones urgentes para resolver esta situación, los responsables del Ayuntamiento de Málaga y de la Gerencia de Urbanismo apenas han puesto en marcha algún remedio para sustanciar este problema.
Los resultados están a la vista. Un trabajo encargado por los responsables de Urbanismo a una trabajadora auxiliar para que revisara miles de denuncias amontonadas entre los años 2009 a 2014 ha arrojado datos sonrojantes. Las denuncias revisadas referentes a esos años se han acercado a las 2.600; de ellas casi 1.200 han sido archivadas al haber prescrito y el resto, que superan las 1.400, son denuncias vivas que no han prescrito por ser infracciones, en su mayoría en suelo no urbanizable o de especial protección y, por ende, que pueden catalogarse como graves.
Silencio
Junto a ello, hay en torno a 4.000 denuncias por infracciones cometidas entre los años 2006 y 2009 que han sido descartadas definitivamente y ni siquiera se han sometido a revisión.
La conclusión es clara. Sumando las denuncias revisadas y las descartadas se advierte que, entre los años 2006 a 2014, los responsables de la Gerencia de Urbanismo habrían ignorado y desechado en torno a 5.200 denuncias por infracciones urbanísticas que han quedado definitivamente archivadas sin posibilidad de recuperarlas. La tramitación de estas denuncias habría generado el cobro de miles de euros en sanciones que de esta manera se han perdido.
Frente a esas 5.200 denuncias inservibles, tan solo hay otras 1.400 que aún podrían ser tramitadas y llegar a generar ingresos por sanción. Pese a ello, según fuentes de la propia Gerencia de Urbanismo, aún no se ha dado orden para que estas denuncias sean tramitadas.
Los responsables de Urbanismo no han querido ofrecer información o respuesta oficial al respecto. El concejal Francisco Pomares ha guardado silencio tras ser requerido y el gerente, José Cardador, señaló que para la semana próxima hay convocada una comisión de Transparencia donde está previsto tratar este asunto a requerimiento de IU Málaga para la Gente.
Investigación
El revuelo político generado en junio por este asunto generó la convocatoria de un consejo extraordinario de la Gerencia. En el mismo, tras muchas explicaciones de sus directivos, se informó de la elaboración de un plan de inspección que implante un sistema de baremación de los distintos expedientes de infracción. A su vez, días después, en el pleno de ese mes se aprobó por unanimidad la realización de una auditoría para determinar el número de denuncias y expedientes prescritos en los últimos años, concretando su origen y causa; el número de los que estén próximos a caducar al no haber contado con el impulso administrativo necesario.
Meses después los responsables de la Gerencia no han dado información sobre el cumplimiento de estos acuerdos.
De cara a la comisión de Transparencia de la próxima semana, el grupo de IU Málaga para la Gente ha presentado una moción en la que reclama al equipo de gobierno del Ayuntamiento que dé cumplimiento a los acuerdos que se adoptaron y «facilite toda la información y documentación» sobre las denuncias de infracción.
El grupo estima que al tratarse de un asunto «muy grave», es necesario disponer de los datos para arrojar luz sobre estos casos. IU señala que una vez conocidos y revisados los datos «estudiaremos si es necesaria la creación de una comisión de investigación o de disponer las medidas legales que sean oportunas, si existen indicios de una actuación irregular».
