El concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, reconoció ayer que el Ayuntamiento y la Gerencia de Urbanismo estarían infringiendo la ley al no tramitar 4.000 denuncias por infracciones urbanísticas, tal como exige la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Además, consideró que se ha hecho bien al no abrir esos expedientes, que por otra parte habrían generado miles de euros de recaudación por la multa correspondiente.

En su exposición, ayer, ante la comisión de Transparencia, que trató el caso de las miles de denuncias y expedientes de infracción urbanística sin tramitar en los últimos años, Pomares admitió que entre los años 2006 a 2009 hay un volumen de 4.000 denuncias (3.938) sin tramitar, «que no sé que ha sido de ellas», y yendo aún más lejos argumentó que Urbanismo ha hecho bien en no tramitar esos expedientes. Pomares afirmó que «no tiene sentido, que por no pedir una licencia de obra menor y no pagar 50 euros, que se inicie un expediente de infracción a un vecino».

El concejal explicó que, a su juicio, la mayoría de esas 4.000 denuncias son leves y tienen que ver, por ejemplo, con no haber pedido una licencia para hacer una obra en una casa y que se realizan a través de vecinos que se denuncian o por actas de la Policía Local, al ser «obras menores», por lo que insistió en que es mejor «no abrir expedientes, como ahora se hace, simplemente porque un vecino no ha pedido una licencia».

Otras 2.600

Pomares reconoció que «hay que cumplir la norma» pero que la norma «es injusta , y que por eso «hay que cambiarla». En este sentido, recordó que la Gerencia de Urbanismo ha puesto en marcha la modificación de la ordenanza para que las obras menores queden exentas de pedir licencia.

No sólo estas 4.000 denuncias han quedado impunes. En la comisión de Transparencia, y a iniciativa de IU Málaga para la Gente, el concejal de Ordenación del Territorio dio cuenta de otras 2.593 denuncias formuladas entre 2009 y 2016 que también habían quedado sin tramitar pero que, por acuerdo del pleno de julio de 2017, que ordenó realizar una auditoría, la Gerencia de Urbanismo se ha visto obligada a revisar.

Se trataba de otras 2.593 denuncias que estaban en vía muerta sin que la Gerencia de Urbanismo las cursara. La revisión de estas denuncias por exigencia del pleno ha descubierto, según informó Pomares, la existencia de esas 2.593 denuncias. El edil señaló que no podía facilitar los datos por escrito «porque el estudio no ha terminado de redactarse», pese a haber transcurrido siete meses. No obstante, informó de que 300 de ellas no tendrían razón de ser porque realmente no eran denuncias urbanística; 18 están duplicadas; 461 deberían haberse archivado por ausencia de infracción y 991 «estan vivas y en trámite», mientras que 810 «han quedado prescritas definitivamente al pasar los 4 años».

Para asombro de los miembros de la comisión el concejal calificó de «un fallo administrativo» el que hayan quedado sin tramitar o prescritas esas denuncias y por eso pidió «disculpas».

Dando cumplimiento al resto de las exigencias del pleno del pasado mes de julio, la jefa del departamento de Licencias y Protección Urbanística, Leonor Muñoz, informó de que la Gerencia de Urbanismo acaba de culminar la elaboración de un plan de inspección que permitirá un seguimiento y control de las denuncias y la baremación de las mismas. El plan ya está aprobado y sólo está pendiente de su publicación en el boletín de la provincia para su entrada en vigor.

El portavoz de IU Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, fue muy crítico con la gestión expuesta por Pomares que consideró «muy mejorable». Zorrilla se preguntó: «¿Qué interés hay en que no funcione el área de infracciones?».

A su vez, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, quiso saber con especial interés qué número de esos expedientes de infracción se ha elevado a la Fiscalía por su especial gravedad, algo que el concejal de Ordenación del Territorio no supo contestar pero que se comprometió a responder.