La Diputación de Málaga liquidará la deuda con los bancos antes de lo previsto y conseguirá saldarla en el primer semestre de este año. Así lo anunció ayer el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, tras un encuentro que mantuvo con el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, al que explicó la evolución de las cuentas de la institución.
En la reunión se conoció también que cinco ayuntamientos de la provincia de Málaga (Alozaina, Cortes de la Frontera, Pizarra, Guaro y Rincón de la Victoria), recibirán este año del Gobierno central un total de 3,7 millones de euros con cargo al Fondo de Ordenación de las Entidades Locales y que el Ayuntamiento de Estepona con un ingreso cercano a los 1,8 millones de euros.
En cuanto a la deuda de la Diputación de Málaga, Bendodo destacó que se consigue adelantar casi un año el compromiso de alcanzar la deuda cero, incidiendo en que «es una magnífica noticia para los malagueños, porque supondrá dejar de pagar intereses financieros, de pagar dinero a los bancos, dedicando ese dinero a más inversiones y obras».
El presidente de la Diputación recordó que en junio de 2011, cuando tomó posesión el equipo de gobierno del PP, la deuda financiera superaba los 220 millones de euros, a los que se añadían otros débitos de 50 millones de euros a proveedores y unos 15 millones a la Seguridad Social.
Elías Bendodo resaltó que en siete años se ha conseguido enjugar toda la deuda acumulada, de casi 300 millones, «dando prioridad, inicialmente, al pago a proveedores y, posteriormente, demostrando que la Diputación de Málaga está bien gestionada y saneada económicamente».
Al respecto, el secretario de Estado de Hacienda elogió el trabajo realizado por el equipo de gobierno de la Diputación de Málaga cumpliendo con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que le permitirá lograr la deuda cero en unos meses. Y añadió que esta institución es, además, un referente en el conjunto de España en el periodo medio de pago a los proveedores.
José Enrique Fernández de Moya se reunió, junto a Elías Bendodo, con el alcalde de Benahavís, José Antonio Mena, y con la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Estepona, Pilar Fernández-Figares.
El secretario de Estado señaló que en el caso de la reunión con el alcalde de Benahavís se abordó el Decreto Ley que se negocia con la FEMP cara a la reinversión del superávit municipal y a la ampliación de los grupos de programas de inversión que se incluirán en las inversiones financieramente sostenibles. El propósito es concluir este mes el contenido del decreto Ley, que permitirá a los municipios seguir gastando su dinero en las preocupaciones, inquietudes y necesidades de sus ciudadanos.
Usar el superávit
De Moya explicó en su intervención que las entidades locales que cumplen con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera podrán destinar su superávit «a atender las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos», tras el acuerdo alcanzado con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que aprobará el Consejo de Ministros próximamente. Detalló que para agilizar que los ayuntamientos puedan empezar a utilizar el remanente de tesorería positivo es por lo que el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, «va a llevar a Consejo de Ministros el Real Decreto Ley que habilitará esta posibilidad dado que aún no se cuenta con Presupuestos Generales del Estado para 2018».
El superávit se podrá emplear en apartados como seguridad y orden público, protección civil, servicios de prevención y extinción de incendios, asistencia social primaria, creación de centros docentes de Enseñanza Infantil Primaria, funcionamiento de esos centros y también de los de Educación Especial, bibliotecas y archivos, equipamientos culturales, museos e instalaciones deportivas, precisaron fuentes del Ministerio.
Fernández de Moya también recordó que la provincia malagueña contó con una inyección de liquidez de 416,6 millones de euros a través del mecanismo de pago a proveedores que, en concreto y en sus tres fases, sirvió para que las entidades locales malagueñas que se adhirieron pudieran hacer frente a cerca de 100.000 facturas, de las que un 66,54 por ciento provenían de pymes.
