14 de marzo de 2018
14.03.2018
Sucesos

Veintiún detenidos en Málaga por vender contratos falsos y defraudar 76.700 euros

La Policía Nacional destapan 5.366 días de cotización irreales a la Seguridad Social

14.03.2018 | 05:00

La Policía Nacional ha detenido a 21 personas en una operación contra el fraude a la Seguridad Social y falsedad documental. Entre los arrestados se encuentra el principal cabecilla que había creado un entramado societario con el único fin de simular relaciones laborales con las consiguientes altas en la Seguridad Social.

Según la Comisaría Provincial, la operación fue desarrollada entre enero y febrero y ha permitido hasta el momento, además del arresto del principal investigado y sus testaferros, la detención de otras 17 personas así como el afloramiento de 5.366 días de cotización «irreales» a la Seguridad Social, lo que ha causado un perjuicio a las arcas del Estado de más de 76.703 euros.

La investigación ha desarticulado el entramado societario de Málaga formado por cuatro mercantiles, la mayoría sin actividad, dedicadas a la venta de contratos laborales para la obtención de prestaciones o subsidios por desempleo de forma fraudulenta, cotizaciones para la jubilación y otras ayudas, y en algunos casos, para regularizar a ciudadanos extranjeros que se encontraban en situación irregular en España. La investigación se inició hace dos meses, cuando los investigadores tuvieron conocimiento del posible carácter fraudulento de unas empresas ficticias que tenían una importante deuda con la Seguridad Social. Las sociedades –supuestamente pescaderías– formaban un entramado con sede social en Málaga. Tras varias gestiones, constataron que la mayoría de las empresas no tenía acreditada ningún tipo de actividad económica. Los agentes averiguaron que el principal investigado había conformado el entramado formado por cuatro mercantiles con el fin de procurar contratos fraudulentos a supuestos trabajadores para que pudieran acumular días de cotizaciones suficientes para el cobro de subvenciones y prestaciones por desempleo, cotizaciones para la jubilación y ayudas de todo tipo así como regularizaciones para ciudadanos extranjeros que se encontraban en situación irregular en España, obteniendo con ello importantes beneficios económicos. Además, constataron que el empresario y principal investigado había puesto al frente de las distintas empresas a testaferros insolventes como administradores para eludir el pago de las deudas contraídas por cada una con la Seguridad Social al no abonar las cuotas a la Tesorería General de las altas efectuadas.

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