Los plenos en la Diputación seguían, hasta ahora, una mecánica engrasada a voluntad de todos los grupos políticos que han ido ocupando la bancada desde la puesta en marcha del juego democrático en este país: primero se expone la moción, luego se debate y, finalmente, se vota para que la secretaria saque el resultado a imprenta. Infinitas disputas se han ido acumulando así en los últimos años. Muchas de ellas, más allá del dictamen plenario, están pensadas, de antemano, para desordenar al rival político y apuntarse un tanto en este cruce eterno de estrategias y vanidades. No reincidir también es una forma de repetición y en eso el portavoz de Cs en la Diputación, Gonzalo Sichar, ha demostrado ser el más imprevisible. Este martes, no hizo falta que se votara la moción que llevaba el PSOE para pedir que el pleno llevara a la Fiscalía de Málaga el caso de Marina Bravo. Se sabía, de antemano, que este asunto se derivará ahora a la vía judicial porque Sichar, antes de la pertinente votación, ya había anunciado que su partido acudirá al fiscal para ponerle sobre la mesa los contratos suscritos por la diputada, al frente de Medio Ambiente, con la empresa de comunicación TuImagina, perteneciente a su cuñado.

No se quedará aquí la formación naranja. También llevará este asunto ante la Cámara de Cuentas, abriendo otro flanco a Bravo, sin olvidar la investigación interna incoada por el propio presidente de la Diputación, Elías Bendodo. Esta decisión de Cs llegaba un día después de que se conociera el informe emitido por la secretaría general, en el que se apunta a un posible conflicto de intereses en la formalización de los contratos en cuestión y a un parentesco de segundo grado por afinidad entre Bravo y su cuñado. Cs, que sostiene al PP en la Diputación, ha puesto énfasis en mostrarse como «garantistas» a la hora de pedir dimisiones, pero ahora ha acabado por romper el tablero. «No sólo no hay duda de la falta de ética sino que empiezan a aparecer serias dudas sobre la legalidad», dijo Sichar en alusión al informe emitido por la secretaria de la Diputación. «Mañana (por hoy) vamos a llevar a Fiscalía los informes que ha efectuado la secretaria y el interventor de la Diputación», adelantó para precisar que «nosotros no necesitamos de un acuerdo entre todos los grupos para llevar este caso a la Justicia». Llegó, a posteriori, el momento de votar la moción del PSOE a la que, lógicamente, se sumó la formación naranja, además de IU y Málaga Ahora. Esta composición dejó al PP solo con su voto en contra.

El horizonte se complica ahora para Bravo. Ya no le valdrá sólo con sortear la investigación interna -tendrá que comparecer ante los servicios jurídicos de la Diputación en los próximos diez días para dar explicaciones-, sino que ahora ve como la sombra de la duda se puede alargar muy lejos en el horizonte si se tiene en cuenta la parsimonia que se gastan los tiempos judiciales. Sobre todo, si la denuncia de Cs se admite, finalmente, a trámite. Bendodo intentó, en vano, suavizar el empuje de Sichar, recordándole que ya había abierto un procedimiento interno y que el expediente no está concluso aún. El vicepresidente de la Diputación, Francisco Salado, incluso, fue más allá y tildó la decisión de Cs de una «irresponsabilidad». Bravo, por su parte, tampoco rehusó la palabra: «Ni he elegido a ninguna empresa ni he hecho encargos en once años y se lo voy a demostrar». El pleno sí rechazó la moción del PSOE que exigía la dimisión de Bravo, por segunda vez, así como de la segunda vicepresidenta, Ana Mata.

Sin mayorías absolutas, las luces se apagan y se encienden para el equipo de gobierno del PP en función de lo que haga Cs. Bendodo pidió a la formación naranja que «no se contagie del PSOE». «Ellos dan patadas en vez de meter goles, pero los partidos se ganan metiendo goles», sentenció. «Sepan que van a tomar una decisión política sobre una situación no conclusa», advirtió.