En el verano de 2016, la policía investigó una media de una denuncia cada tres días por casos de personas afectadas por la burundanga, una droga que anula la voluntad del que la sufre, y que se usa tanto en casos de agresiones sexuales como de robo. Ya a finales de ese año, las fuerzas de seguridad y las autoridades sanitarias comenzaron a trabajar en un sistema que permitiera la detección de esta sustancia en aquellos que denunciaran haber sido drogados y ahora este protocolo, ya finalizado, se aplicará en todos los hospitales malagueños.
El nuevo protocolo de atención a víctimas de agresión sexual fue presentado ayer y llegará a todos los centros sanitarios de la provincia después de que se probara de manera pionera en el Hospital Costa del Sol. Entre los objetivos de esta iniciativa están que se puedan tomar muestras a las víctimas de agresiones para conocer si han ingerido drogas de «sumisión química» para anular su voluntad y que exista una coordinación entre sanitarios y fuerzas de seguridad para atenderlas una vez que denuncian, ya sea cuando acudan a un hospital o cuando se dirijan a la policía. «Queremos que los profesionales sanitarios, junto a personal forense del Instituto Médico Legal, se centren en síntomas que lleven a pensar que se han usado sustancias químicas en este tipo de agresiones. Se trata de drogas que limitan la conciencia y facilitan la agresión», explicó ayer el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, acompañado por la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Ana Isabel González de la Torre, la directora general de Violencia de Género, María de los Ángeles Sepúlveda, la médico adjunta del Servicio de Urgencias del Hospital Costa del Sol, Carmen Agüera Urbano, y el director del Instituto Médico Legal de Málaga, José María Caba.
El protocolo busca, además, minimizar las exploraciones a las que se tengan que someter las víctimas de sumisión química y coordinar el proceso para que se pueda recoger información que sea relevante en la investigación judicial cuando se le realice la entrevista a la mujer víctima de una agresión sexual, que el informe clínico se elabore de forma correcta y saber cómo hacer el parte judicial y que se respete la cadena de custodia.
Este nuevo sistema está pensado para la atención a mujeres a partir de 14 años que hayan sido víctimas de agresiones sexuales o abusos con contacto corporal, aunque la Junta aclaró que el protocolo se hace extensible a otras formas de violencia sexual ejercidas sobre varones o menores «por considerar que precisan de una intervención específica por parte de los servicios sanitarios, así como de una estrecha coordinación con el estamento judicial, ya que es un delito que va a requerir de la actuación pericial del médico forense», indicó en un comunicado. De hecho, este protocolo se aplicará también en casos en los que se sospeche que se hayan usado drogas de sumisión química para cometer robos o extorsiones.
La Administración autonómica recordó ayer que cuenta con un protocolo regional de actuación sanitaria ante la violencia de género que se actualizó hace tres años y valoró el papel que juegan los centros sanitarios para detectar y prevenir estos casos al ofrecer una mayor intimidad a la víctima.
