El colegio de Arquitectos de Málaga ha promovido recientemente la celebración de un encuentro debate entre sus asociados en defensa de la profesión. No se ha tratado de un encuentro profesional más sino que responde a una necesidad de dignificar la profesión en un escenario en el que, pese a la salida inicial de la crisis, «nos sentimos vapuleados y maltratados», señala el decano de colegio, Francisco Sarabia, que resume el sentir de ese debate que culpa a las administraciones públicas en general, pero que se personaliza sin remisión en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga y, en menor medida, en la Junta de Andalucía.

Tres situaciones alimentan el descontento profesional de los arquitectos. El «desprecio» a la hora de contratarlos para los concursos públicos; la «lentitud» en la tramitación administrativa de los proyectos y la injerencia profesional que sufren con la contratación de otros profesionales para trabajos que deben ser competencia exclusiva de los arquitectos.

Las contrataciones públicas de concursos de proyectos de obra «están condicionadas por la administración», señala Sarabia. «La sacan a la baja y además premian las mejoras que bajan aun más el precio y olvidan que no se puede exprimir tanto al profesional pues estamos llegando a niveles ínfimos e insostenibles».

La ley dice que no se puede vender por debajo del coste de los servicios que presten, «esto es difícil de evaluar pero vemos que hay concursos que se licitan por debajo de ese coste real».

Los arquitectos arguyen que la administración suele licitar actualmente, de entrada, con un 25% a la baja y luego el que concursa vuelve a rebajar, pues se le premia esa rebaja. Esto obliga al arquitecto «a someterse a una precariedad absoluta», pues sus honorarios están fijados «en una norma no escrita en torno al 5 y hasta el 10% del coste de la obra», pero últimamente «todos están por debajo de ese 5%». Por tanto, reclaman que los concursos salgan a unos precios razonables, que no estén por debajo de los costes de producción, dando prioridad a «la calidad de la arquitectura, la seguridad y la calidad de vida».

El segundo escenario de descontento se centra en la lentitud de los procedimientos administrativos, «una lentitud que no va a menos, sino al contrario. Son muchos los trámites administrativos que exigen y eso dificulta nuestro trabajo». «La media es de un año o año y medio para obtener una licencia de obra mayor y eso muchos clientes no pueden asumirlo».

En el Centro es aun mayor el retraso, que puede sobrepasar los dos años, cuando se trata de edificios catalogados y debe intervenir Cultura de la Junta, «pues parece que hay un pulso entre sus responsables y la Gerencia de Urbanismo». El Centro, explica Sarabia, «habría que y mimarlo y en cambio están queriendo ser tan garantistas que sus plazos son inasumibles». El colegio le ha ofrecido a Urbanismo «un convenio para la tramitación vía digital de los expedientes y estamos a la espera».

Un tercer motivo de descontento es la injerencia profesional «que promueve la propia Gerencia de Urbanismo», de manera que permiten proyectar y dirigir obras de edificios a profesionales «que no tienen la formación adecuada, que es la regulada por la UE y que sólo reciben los arquitectos». Los arquitectos reclaman que la administración actúe de acuerdo a la ley y que garantice que los edificios sean diseñados por profesionales que garanticen la seguridad en todas sus facetas.