El asunto de las miles de denuncias por infracciones urbanísticas que han quedado prescritas o sin tramitar -­los responsables de la Gerencia de Urbanismo reconocen cerca de 6.000 en los últimos años- desembocará en una comisión de investigación que aclare por qué no se han tramitado esas denuncias y las responsabilidades políticas y legales que pudieran derivarse. La comisión, la tercera que se constituiría en este mandato municipal después de las de Limasa y Art Natura, será exigida por el grupo de IU Málaga para la Gente y, en principio será respaldada por la mayoría de los grupos municipales por lo que tiene casi asegurado el salir adelante.

Según la propia Gerencia de Urbanismo hay 5.100 denuncias de infracción de los últimos años que han quedado prescritas y están a la espera de ser archivadas. Además hay otras 810 denuncias interpuestas a partir de 2009 que también han quedado prescritas. Pese a las reclamaciones exigidas por los grupos de la oposición, la Gerencia de Urbanismo no ha ofrecido explicaciones de porque esas miles de denuncias han quedado impune.

El portavoz de IU Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha tachado el caso de "gravísimo" y "uno de los escándalos más graves en todos los años de gestión del PP en este Ayuntamiento".

Zorrilla ha justificado la creación de la comisión de investigación en la gravedad del caso y en que después de haber pasado por una comisión de Urbanismo, un pleno municipal, un consejo extraordinario de la Gerencia de Urbanismo y una comisión de Transparencia, "a fecha de hoy sólo hemos obtenido una información verbal e imprecisa" del concejal y "ni un solo papel, ni ninguna relación numérica o estadística, ni resultados de ninguna investigación interna, ni conclusiones de auditoría alguna", ha explicado Zorrilla.

"No se ha actuado conforme a la ley", añade Zorrilla, y por el contrario "han intentado maquillar la situación y restar importancia diciendo que sólo se trata de errores administrativos".

IU reclama por tanto la creación de una comisión de investigación sobre los expedientes de infracción que no se hayan tramitado o hayan caducado en el periodo 2006 a 2016.