La Ley de Contratos del Sector Público aprobada en noviembre de 2017 promete reforzar la vinculación entre administraciones públicas y pymes, para las cuales aspirar a estos volúmenes de inversión y empleo es fundamental para su crecimiento. Se estima que hay una tarta de 200.000 millones de euros en juego y la nueva ley quiere facilitar el terreno a las pymes en un campo tradicionalmente dominado por las grandes empresas.

El texto, basado en la relación calidad-precio como criterio básico de adjudicación, busca también que todas las obras se traduzcan en empleo, bienes y servicios de importancia para la sociedad en general. Competitividad, innovación e inversión socialmente responsable son algunos de los pilares de las ofertas que deben presentar las empresas en un modelo «más eficiente, transparente e íntegro», como proclama la ley.

También introduce medidas que favorecen la participación de las pymes en la contratación pública, ya que reduce la carga administrativa, permite que haya acceso a más contratos, genera más rentabilidad, reduce la morosidad y crea más oportunidades para los emprendedores.

En concreto, la nueva ley simplificará los procedimientos y reducirá la carga administrativa y permitirá que las pymes tengan acceso a la información completa de las licitaciones que se saquen al mercado. Entre otros requisitos a las empresas para optar a los contratos de las administraciones públicas se marcan como novedad la reducción de años de experiencia, de 10 a 5 años en los contratos de obras, y de 5 a 3 en los de prestación de servicios. Pero asimismo se establece un único documento europeo o se abre el procedimiento mediante las nuevas plataformas electrónicas.