Los jueces y magistrados de la Ciudad de la Justicia de Málaga, en torno 120 magistrados y más de setenta fiscales, han dicho basta, como han hecho, por cierto, el resto de togados del territorio nacional representados por las cuatro asociaciones de jueces y las tres de acusadores públicos. Así, el juez decano de la capital, José María Páez, ha leído a las 13.00 horas de hoy un comunicado, en las escalinatas del Palacio de Justicia, arropado por sesenta de sus compañeros, en el que pide ya inversiones en justicia y una serie de reformas procesales y organizativas con el fin de que este servicio público funcione como debería y no dando respuestas que tardan años en concretarse a los ciudadanos. Así, si el Gobierno incumple estas catorce medidas, secundarán las movilizaciones propuestas, que van desde paros parciales hasta una huelga, que sería la segunda en la historia de la democracia.
Páez ha señalado en declaraciones a este periódico que este año en Málaga sólo se crea un juzgado para cláusulas suelo y sólo la capital necesita treinta desde hace años, y ha destacado la situación lamentable de los tres juzgados de lo Penal especializados en Violencia sobre la Mujer, que señalan los juicios rápidos a un año vista y ahora, en cuanto a las causas normales, las más graves, se están celebrando vistas de casos de 2013 y 2014. "Iremos dando pasos y, si no nos hacen casos, podríamos llegar incluso a la huelga", aunque antes habrá paros parciales.
José María Páez ha recordado que estas medidas han sido propuestas por las cuatro asociaciones de jueces y aprobadas por 1.200 juntas de jueces en todo el país, además de contar con la adhesión individual de 3.500 togados. Así, piden a las Cortes Generales, el Ejecutivo de Mariano Rajoy y el Consejo General del Poder Judicial la presentación de un proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que se refiere al Consejo General del Poder Judicial que recupere el régimen competencial, de organización, funcionamiento y dedicación y garantice la elección de los vocales judiciales por los jueces y magistrados, con igualdad de género y representatividad; que el Poder Judicial los ampare en relación a los ataques a su independencia, la retirada de las enmiendas presentadas a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que coartan "el ejercicio de la función judicial" y la objetivación del sistema de nombramiento de altos cargos judiciales, con "arreglo a perfiles previamente definidos, de acuerdo a un proceso transparente y en decisión debidamente motivada y adoptada por una mayoría coalificada". También reclaman la supresión de los magistrados designados por los Parlamentos autonómicos.
Páez también ha solicitado un plan de inversión suficiente y prolongado para incrementar los jueces y fiscales, equiparando la plantilla a la media europea, convocando cada año 300 plazas en un cuatrienio; modernizar edificios fiscales y fiscalías y un proceso de digitalización con los equipos necesarios y los programas de manejo adecuado, que vayan en beneficio del ciudadano y no ralenticen las respuestas, así como procurar los medios necesarios para hacer efectivos los derechos reconocidos en las leyes.
Reclaman asimismo la implantación de los tribunales de instancia, garantizando el acceso a la Justicia a todas las personas, y, en el ínterin, crear órganos judiciales suficientes para atender la demanda de Justicia: la litigiosidad es de 126 asuntos por cada mil habitantes; incluso, piden eliminar las adscripciones forzosas y suprimir las figuras de sustitución y refuerzo en el periodo de prácticas formativas, respetando el derecho de una formación inicial adecuada a las exigencias del ejercicio. Exigen revisar el modelo de oficina judicial sobre las experiencias piloto y en relación a los principios de eficiencia, coordinación y delimitación de funciones y sobre la base de que son un instrumento para apoyar el trabajo de los juzgados; compatibilizar los distintas sistemas informáticos de gestión procesal existentes en todo el país y medios materiales y personales adecuados a quienes luchan contra la corrupción.
Hay más exigencias: la convocatoria inmediata de la Mesa de Retribuciones para recuperar el salario perdido en 2010, impulso de permisos y medidas de conciliación, recuperar el régimen de vacaciones y permisos vigentes al momento de la supresión en 2012 por ley orgánica, así como el permiso de paternidad, la implantación urgente de cargas máximas de trabajo y garantizar una adecuada asistencia en la Mutualidad General Judicial.
Los fiscales, por su parte, piden derogar los plazos máximos de instrucción mientras no haya medios, paralizar la implantación de la Justicia Digital mientras no se garantice el funcionamiento de programas y equipos, la atribución de la formación de los acusadores a la Fiscalía General del Estado, el refuerzo de la independencia fiscal y la autonomía presupuestaria.
Si esto no se cumple, secundarán todas las medidas de movilización acordadas, conforme a un calendario propuesto y sin perjuicio de lo que pueda resultar del proceso de negociación.
