El coordinador del Servicio de Criminalidad Informática de la Fiscalía Provincial de Málaga, Jacobo Fernández-Llébrez Castaño, ha alertado esta semana del auge de estafas informáticas, dado que su departamento investigó un total de 24 en 2017, siendo el segundo delito más cometido en la provincia, y dentro de este ámbito, el de corrupción y pornografía de menores a través de medios telemáticos.

En cuanto a las estafas tecnológicas, aseguró que se trata de bandas y organizaciones criminales radicadas en los países de Europa del Este. Algún miembro del grupo manda un mensaje de Whatsapp, un correo electrónico o realiza una llamada perdida a una empresa o un particular. Si es un mensaje de texto o un correo electrónico, ellos llevan en el cuerpo de texto un enlace y, cuando la persona o el profesional pinchan, automáticamente se introduce en el equipo informático un virus, habitualmente troyano, que averigua las claves de acceso a las cuentas bancarias y otras, subraya el fiscal, quien añade que luego, una vez con las claves en su poder, estos estafadores internacionales ordenan una transferencia de dinero, habitualmente de cantidades que no superan los dos mil euros para no llamar la atención, a otra cuenta.

La persona que recibe esa transferencia suele ser una desempleada o alguien necesitado de dinero, a los que la organización previamente se ha dirigido haciéndoles una oferta de trabajo falsa, claro está, o incluso enviándoles un contrato de trabajo casi idéntico al original, y les anima a convertirse en intermediarios financieros. Estos reciben la transferencia, que proviene de una empresa o un particular estafado, en sus propias cuentas y luego han de sacarlo por el cajero automático o en ventanilla del banco. Una vez que tienen el dinero líquido, lo envían a una dirección que se les ha proporcionado, y que suele ser de países tales como Letonia, Lituania o Ucrania e incluso Polonia, donde un miembro de la organización, que habitualmente se identifica con un carné falso, lo recoge para que siga circulando hasta las altas esferas de la banda. El envío se hace a través de empresas tales como Moneygram o Western Union. A estas personas se las conoce como «muleras» y obtienen los depósitos, cómo no, poco a poco, para no alertar a las autoridades. Hay muchos malagueños que han caído en la trampa.

Por supuesto, la cuenta de correo desde la que se envió el enlace con el virus nunca sale a la luz, porque está colgada en servidores de China, Nigeria o Ucrania. A estos nunca se les pilla.

De estos, unos son víctimas y otros optan por convertirse en criminales. A los que piensan que han hecho la transferencia obligados por el contrato falso que firmaron y, por tanto, dentro de su desempeño profesional, la Fiscalía, una vez contrastada su historia, no los acusa; a los segundo, los que en principio no sabían o no querían saber y luego sí se convierten en agentes de la estafa, sí se les presenta una acusación en toda regla que se dirime en el correspondiente juicio. Estos pueden enfrentarse a un delito de estafa en la función de colaborador necesario o, incluso, a un ilícito de blanqueo de capitales, que es más serio.

Sumas

«Las cantidades suelen ser transferencias de en torno a 1.900 euros, y los ´muleros´ hacen diez o doce, de las que habitualmente se llevan una comisión del 5% o del 10%», explicó el fiscal de Criminalidad Informática de Málaga, uno de los profesionales más reputados a nivel nacional en esta materia. Así, si la cantidad transferida (aunque sea en varias veces) supera los 50.000 euros hay, incluso, un agravante. Las penas de cárcel pueden llegar a los seis años, o a los ocho si se prueba esa agravante. Puede ser, como ven, muy peligroso jugar con el dinero ajeno. «De estas 24, hablamos de estafas muy importantes», dijo.

Ahora, por ejemplo, se investiga en Málaga a una señora ya mayor y a su hija, que se acogieron a su derecho a no declarar, por ejercer de «muleras». Las cantidades supuestamente movidas por ambas desde sus cuentas superan los 70.000 euros en el caso de la madre y los 40.000 en el de la hija. No hay broma en este asunto, porque pueden enfrentarse a penas muy altas.

Fernández-Llébrez Castaño asegura que, antes de operar, las organizaciones criminales vigilan muy bien a bancos y empresas para conocer al milímetro su modo de actuar. La Fiscalía ha detectado ya varios casos en los que un criminal ordena directamente al director de un banco, haciéndose pasar, claro está, por el estafado, que haga una determinada transferencia. «Eso lo vemos observando, por ejemplo, si una empresa envía correos electrónicos a los bancos con una determinada periodicidad. Si el malo tiene las claves, lo pueden hacer el mismo. Cambian los mensajes y los imitan muy bien», dice el acusador público.

En cuanto a los 19 procedimientos de corrupción y pornografía infantil, destacó el fiscal, son cada vez asuntos más complicados, porque ya no se trata de un tipo que, en la soledad de su habitación, se baja películas de contenido pedófilo en el eMule, sino que «intercambian archivos a través de una nube, que suele estar encriptada, forman partes de grupos muy cerrados en los que todos se conocen».

Delitos investigados

Los delitos investigados por esta Fiscalía en 2017 son los siguientes: las 24 estafas tecnológicas reseñadas, 19 de corrupción, pornografía de menores o discapacitados, nueve de acoso a menores en redes y terminales informáticos, nueve de acceso no autorizado a datos, programas o sistemas, tres de injurias y calumnias, dos de amenazas y coacciones, dos de daños, sabotaje o denegación de servicios, dos de propiedad intelectual y uno de descubrimiento o revelación de secretos de particulares. En el apartado de «otros», figuran seis.

Asimismo, hubo 76 procedimientos judiciales en 2017, en los que se presentaron un total de 32 acusaciones y se dictaron 38 sentencias: diez se concretaron sin la conformidad del acusado; 24 lo fueron con su aquiescencia y cuatro devinieron en fallos absolutorios. Hubo 91 acusados y 34 condenados, lo que suma un total de 125 procesados por esta Fiscalía especializada.