Cerca de cien personas mayores son abandonadas o no tienen red familiar a la que se puede acudir cuando entran en alguno de los hospitales de la ciudad, una cruda realidad a la que le acompañan la soledad y los problemas económicos. En 2017, en el Hospital Regional y el Civil se contabilizaron 45 casos, una cifra similar a la que registró el Hospital Clínico, según informaron los responsables de atención a la ciudadanía de dichos centros hospitalarios.

En el caso del Regional, el responsable de atención a la ciudadanía, Juan Antonio Torres, expuso que es una situación que se da «por desgracia» en todos los hospitales de nuestro país, pero a raíz de la crisis se ha observado un repunte importante en la ciudad.

El perfil de las personas que llegan a los hospitales sin apoyo familiar es variado: Personas que viven solas y no tienen familia, extranjeros que se han venido a pasar sus últimos años a la Costa del Sol y su pareja ha fallecido o aquellos que se desentendieron hace décadas de su familia y llegan a los hospitales por problemas de salud, son los perfiles más habituales. Un problema que suele darse entre las personas de entre 75 y 85 años, según Torres, y que en más del 50 por ciento de los casos están en riesgo de exclusión.

Mayores que entran por urgencias tras dar la voz de alarma algún vecino, personas que no reciben visitas durante los primeros días de su ingreso o aquellos que llegan con problemas de salud mental, drogodependencia, poco aseados e incluso con dificultad para comunicarse son algunas de las características que hacen saltar las alarmas en el hospital. A partir de ese momento se activa el protocolo que hace años implantó la Junta de Andalucía para ayudar a las personas mayores dependientes y sin apoyo familiar y el objetivo es que el paciente reciba el alta sanitaria y social al mismo tiempo. Una solución con la que intentan dar en cuestión de días tras barajar todas las posibilidades. La lucidez del paciente y toda información que aporte es vital para dar con la familia, si es que la tiene.

Un perfil muy habitual que llega a los centros hospitalarios, según indicó Torres, es el de las personas mayores que hace años se desentendieron de sus familias y ahora se ponen en contacto para saber si se harán cargo de ellos. «Normalmente hay historias muy duras y fuertes e intentamos dar con la mejor solución para todos». Se puede comunicar la situación a la Fiscalía pero Torres recordó que lo que prima en esas circunstancias es el bienestar de la persona.

La población extranjera es otro de los grupos que engrosan esta fría cifra, sobre todo de Reino Unido. Para ello se pone en conocimiento al consulado para dar con una posible familia y zanjar el problema con un buen final, aunque también están aquellos que no tienen a nadie y para los que su lugar no es el hospital.

Solicitar la ley de dependencia o ingresar en una residencia pública son las opciones más recurrentes cuando no hay nadie que se pueda hacer cargo. En el caso de ingresar en una residencia pública, tiene un coste del 75 por ciento de la pensión de la persona afectada. Una alternativa más económica que ingresar en una privada, donde el precio medio mensual ronda los 1.500 euros, una cuantía que muy pocas familias y pensionistas se pueden permitir. Sin embargo, Torres advierte de que esto es solo el inicio de un problema que requiere soluciones a nivel estatal. La esperanza de vida es cada vez mayor y las pensiones y recursos económicos de las familias no cubren esta realidad que crecerá con los años. «Necesitamos un pacto de Estado de mayores urgente», recalcó.