El pleno de la Diputación de Málaga aprobó ayer por unanimidad introducir mejoras salariales para los bomberos del Consorcio Provincial (CPB), además de reclamar a la Junta de Andalucía una equiparación salarial para los profesionales sanitarios andaluces.

En el primer caso, la moción sobre el CPB, a propuesta del PSOE, contó con dos enmiendas, aceptadas, de PP y Ciudadanos y que permitieron aprobar por unanimidad el documento en el que se insta a los miembros de la Junta general del Consorcio a aumentar el presupuesto de este servicio según las conclusiones del plan de acción que se elabora en la actualidad.

También salió adelante ampliar la masa salarial y la aplicación inmediata del 0,2 por ciento en su presupuesto de 2018 y del 0,25 por ciento en el de 2019 para destinarlos a la revisión de complementos. Igualmente, se solicita al presidente del CPB, Francisco Delgado Bonilla, que dote de una partida económica para la aplicación efectiva de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que actualmente se encuentra en fase de elaboración, respecto de la totalidad de los puestos de trabajo. Se aprobó que los citados puestos se «valoren de forma equiparable a la que ya tienen los bomberos pertenecientes a la Diputación» y que se reserve una cantidad de los incrementos retributivos para el personal al servicio de este Consorcio, concretamente del 1,75 por ciento para 2018 y del 2,25 por ciento en 2019.

En la sesión se aprobó, con los votos en contra del PSOE, pedir a la Junta la equiparación salarial de los profesionales sanitarios andaluces con los del resto de España, así como que reactive el proceso de carrera profesional paralizado en 2014.

Otro de los asuntos urgentes abordados fue la situación del Patronato de Recaudación Provincial, con 14 puntos, entre ellos la aprobación inicial de la modificación de la RPT, que salió adelante con los votos del PP, en contra del PSOE y la abstención del resto.

No salió adelante la moción urgente conjunta de Málaga Ahora e Izquierda Unida para que el pleno rechazara la creación de un producto paneuropeo de pensiones individuales, incidiendo el equipo de gobierno del PP que no es la Diputación la que tiene que pronunciarse.

Por otro lado, la moción de Cs para que la Diputación recupere la oficina del antiguo Palacio Provincial de la Marina, en la que se ubicaba una oficina de Unicaja, no salió adelante al no aceptar la enmienda planteada por el PP. Cs reclamaba regularizar la situación del local, que se sacara a concurrencia competitiva y no fuera para la Fundación Unicaja de manera directa. PSOE y PP coincidieron en que retirara la moción, incidiendo en que la entidad lleva a cabo una labor «histórica» en Málaga, según el socialista Miguel Espinosa.

Otra de las mociones que tampoco tuvo luz verde, con 23 votos en contra, era de Cs para que el edificio del actual Centro de Arte de la Tauromaquia, que está a la espera judicial para poder ser desalojado pese a la negativa del concesionario, Juan Barco, se destine a un mercado permanente Sabor a Málaga. El presidente de la Diputación, Elías Bendodo, señaló que «no se puede legalmente». También se generó debate sobre el reparto del remanente de tesorería de 2017, criticando IU el «recorte del 63 por ciento a los municipios» y el hecho de que se «priorice» dejar la deuda a cero. La oposición, excepto Cs que tiene un acuerdo con su socio de investidura, lamentaron que se les presente un documento cerrado, «rompiendo el consenso» de años anteriores.

Sí salió adelante la urgente del PP, con el voto en contra de PSOE, para que la Junta abone a Bancosol lo mismo que el Gobierno le pagaba, 850.000 euros, y no los 175.000 euros que abona ahora el Ejecutivo andaluz.

Los grupos acordaron, además, elevar a Madeca estudiar la despoblación en la provincia, a propuesta del PSOE, y que se diseñe una estrategia. Igualmente se aprobó una modificación del plan estratégico de subvenciones para el I Premio Antonio Garrido Moraga, en homenaje al profesor y político malagueño fallecido el pasado enero.