El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, y la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Ana Isabel González, formalizaron ayer los convenios que mantiene la Junta de Andalucía para el Programa de Tratamiento Familiar, que garantiza la atención a 2.400 menores en riesgo o desprotección de la provincia, con la Diputación y ayuntamientos de municipios mayores de 20.000 habitantes.

Así, según aseguró Ruiz Espejo tras la firma del convenio, el presupuesto total de este proyecto asciende a 4.143.330,63 euros, del que la Junta financia el 68 por ciento, es decir, 2.470.733 euros para el presente ejercicio en Málaga.

El resto, desglosó el delegado, corresponde a aportaciones de la Diputación Provincial, así como de los ayuntamientos de Málaga, Vélez Málaga, Coín, Nerja, Fuengirola, Estepona, Ronda, Marbella, Cártama, Rincón de la Victoria, Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Torremolinos, Antequera, Benalmádena y Mijas.

«Con estos convenios estamos aportando la garantía y la estabilidad en la financiación de este programa, reforzando el respeto a la autonomía local», destacó Ruiz Espejo, subrayando que «nos permiten prestar una atención inmediata y cercana a la ciudadanía, así como asegurar el seguimiento de la población más vulnerable».

El responsable del Gobierno andaluz informó de que este programa ofrece cobertura en toda la provincia, a través de la Diputación en los municipios menores de 20.000 habitantes, y de los ayuntamientos correspondientes a las localidades con más de 20.000 habitantes. Por otra parte, Ruiz Espejo resaltó que esta red está conformada por 25 Equipos de Tratamiento Familiar (ETF) en Málaga, cada uno de ellos compuestos por trabajadores sociales, educadores y psicólogos. En total, «son más de 75 profesionales los que atienden a los menores que puedan encontrarse en algún tipo de riesgo de exclusión social».

En este sentido, «proporcionamos a las familias con menores en situación de riesgo un tratamiento específico e integrador», concretó. Por otra parte, se «facilita la adquisición de pautas rehabilitadoras a las familias, evitando así la toma de medidas extremas».