La gran parcela de los terrenos de Repsol, en la confluencia de los distritos de Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero, continúa siendo uno de los grandes asuntos sin cerrar del debate político malagueño, aunque el pasado mes de diciembre PP y Ciudadanos llegaron a un acuerdo, para poder cerrar los presupuestos de este año, cuya principal obligación es la de impulsar, antes del fin del actual mandato, en junio de 2019, el gran parque de más de 128.000 metros cuadrados proyectado. La formación naranja quiere que el Consistorio empiece a dar pasos en la concreción del tema, es decir, que se descontaminen los suelos y se comience la redacción del proyecto de zona verde.
Hay muchas posturas, todas ellas divergentes: la oposición en pleno (PSOE, Málaga para la Gente, Málaga Ahora y el edil no adscrito Juan José Espinosa) quiere hacer un parque, pero ocupando los más de 177.000 metros cuadrados del enclave, tal y como pide la plataforma por el Bosque Urbano de Málaga. El PP, hasta el acuerdo con Ciudadanos del pasado diciembre de 2017 para sacar adelante las cuentas, quería hacer cuatro torres de 35 plantas, otros cuatro bloques para VPO y dedicar al parque 80.000 metros cuadrados. Tras el acuerdo con el portavoz de Cs, Juan Cassá, la zona verde quedó ampliada a 130.000 metros cuadrados y se mantiene una torre, la de una de las copropietarias del terreno, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), mientras que las otras tres quedan en suspenso. Lo cierto es que fuentes municipales consultadas por el periódico indican que, hasta ahora y tras muchos años, no ha habido ni siquiera una oferta en firme de un promotor privado para hacer algunas de las torres en la zona (una estaba destinada a viviendas de renta libre y otras tres a oficinas y otros usos). La postura de la formación naranja, en base a los documentos de las reuniones con el PP en diciembre pasado, es que se vayan dando pasos y hacer el parque y luego se verá el asunto de las torres. Es decir, los naranjas empiezan a apretar a los populares para que, al menos antes de las elecciones de junio de 2019, se haya redactado el proyecto para el parque y se haya avanzado algo en la descontaminación (pueden hacerse las dos cosas de forma simultánea).
Lo que dice Juan Cassá es: «Procédase a descontaminar y agilícense los trámites del parque». Ahora, dos empresas examinan la zona para determinar si el agua del subsuelo y la tierra en sí misma están contaminadas y de qué forma habrá de realizarse el tratamiento ambiental, que precede a la descontaminación (y que se ha tasado por técnicos municipales en casi dos millones de euros). La idea es que el Ayuntamiento avance con la descontaminación para poder iniciar el trámite del parque y ya se dirimirán luegos los flecos de la parte inmobiliaria.
Si la Sareb, que tiene derechos urbanísticos sobre la parcela al ser una de las dueñas, quiere pagar o participar en el coste de la descontaminación, el Ayuntamiento estará encantado de dejarse ayudar en el esfuerzo; si no, lo hará la Administración local repercutiéndoselo luego a la Sareb, incluso si es necesario por medio de un litigio si se diera el caso. La fecha que señalan las fuentes es antes de que acabe el mandato, en junio de 2019.
Recuerda Cassá que el 86% de la parcela se va a destinar a espacios libres, equipamiento viario y zonas verdes. Lo que sí queda claro, dicen por otro lado fuentes municipales, es que la Sareb tendrá que pagar también conforme a la parte proporcional de aprovechamientos urbanísticos (tanto por ciento) con los que cuenta en esa superficie, lo que también debería implicar a la sociedad en la descontaminación.
La redacción del proyecto de parque se encuentra en los documentos políticos y en los correos cruzados remitidos entre Ciudadanos y PP y se ha pactado en los presupuestos. «Lo que está claro es que lo siguiente que hay que hacer es el proyecto urbanístico con las labores de recuperación ambiental y que la Sareb deberá costear su parte proporcional del parque», dijo Cassá.
