El Ayuntamiento de Palma de Mallorca decidió esta pasada semana que continúe estando prohibido el arrendamiento de viviendas plurifamiliares en la ciudad, aunque sí lo permite en viviendas unifamiliares. Esta medida ha sacado a la luz la polémica en Málaga, de forma que el exedil de Turismo, Julio Andrade, ya dijo en julio pasado que se estaba trabajando en una ordenanza que gravara impositivamente a los propietarios que alquilasen sus casas a turistas de forma habitual e, incluso, se contemplaba una moratoria. El Ayuntamiento malagueño no ha querido avanzar medidas concretas ni confirmar las que esbozó Andrade, pero sí ha indicado que están estudiando el tema y que son varias áreas las implicadas, desde Urbanismo a Vía Pública pasando por Turismo.
El caso es que pesa mucho la idea generalizada de que este turismo está generando problemas vecinales, puntuales en la ciudad, y que estas casas hacen una competencia desleal a los hoteles, que sí pagan impuestos. Así lo entiende, por ejemplo, el vicepresidente para la capital de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Francisco Moro, quien señala que «las viviendas turísticas han venido para quedarse y tienen que pagar impuestos y legalizar los puestos de trabajo, a competir y a pagar impuestos», además de solicitar que los dueños de pisos se den de alta como autónomos. «Conocemos las regladas, pero de las no regladas ni se sabe».
El último dato es de marzo. Las camas hoteleras de la capital son 9.332 frente a las 14.020 de las 2.833 viviendas turísticas, de forma que las segundas ya superan a las primeras. El problema es que hay muchísimas no regladas que escapan al control del Fisco y no responden ante ninguna administración. El decreto de la Junta inició un camino pero el Gobierno aún estudia cómo arreglar el desaguisado.
La Junta de Andalucía considera que el problema es que el Estado no ha regulado este asunto, «ha de haber un marco». «Los ayuntamientos no tienen la capacidad para limitar las zonas en las que hay este tipo de viviendas turísticas, que no son, por cierto, apartamentos turísticos, una actividad económica reglada».
Lo mismo piensa Daniel Pérez, portavoz del Grupo Municipal Socialista. «El Estado debe implementar un IBI turístico a estos pisos, hay que establecer numerus clausus para evitar la situación de carga y hay que mejorar su regulación, eso sólo puede hacer el Gobierno central», dice.
El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, cree que hay que regular ya. «Hemos presentado varias mociones al respecto, se está regulando en Europa y Estados Unidos, no es radicalidad de izquierdas, es racionalidad». Luego, señala que se deteriora la convivencia vecinal y se dispara el precio del alquiler de viviendas normales. «Hay que limitar el grado de concentración de alojamientos en determinadas zonas de la ciudad, como el Centro y la zona Este. También debe estudiarse una fiscalidad apropiada para estas viviendas y aplicarse», señala.
Ysabel Torralbo, portavoz de Málaga Ahora, ya ha presentado varias mociones para que se limiten los apartamentos turísticos en las zonas saturadas y ha dicho alguna vez que el crecimiento ha sido del 1.200% en toda la ciudad. También critica la propuesta de Ciudadanos de considerar al Centro como una zona no residencial, ya que ello podría suponer «un fraude residencial». En una moción presentada en febrero de 2018, aseguraba que sólo quedan ya 4.700 vecinos en el Centro Histórico, un 9% menos que hace ocho años.
El edil no adscrito Juan José Espinosa exige al Ayuntamiento que elabore un mapa exhaustivo de la localización de los pisos turísticos en la ciudad para poder evaluar el grado de concentración y posibles medidas para mejorar su distribución. También reclama un estudio riguroso sobre los cambios acaecidos en las últimas décadas en el Centro en materia de población residente, «analizando los efectos de la intensa turistificación de la zona y aportando medidas y propuestas para procurar que siga siendo residencial y otro estudio evaluando la puesta en marcha de medidas que graven las viviendas residenciales convertidas en alojamientos turísticos para ser incorporadas a las próximas ordenanzas fiscales, así como que haya más inspecciones a los pisos turísticos», además de insistir en la necesidad de aplicar sanciones legales, por parte de la Junta de Andalucía, a las operadores e intermediarios que ofrezcan pisos turísticos (la mayoría por Internet) que estén fuera del registro de la Junta.
Así pues, moratoria y fiscalidad son las dos soluciones más pronunciadas por los grupos políticos, salvo el PP, que aún estudia qué camino seguir. Los hoteleros consideran que las viviendas con fines turísticos no regladas están haciendo una competencia desleal a los hoteles.
